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* No les conceden Derecho de Audiencia ni respetan el Debido Proceso, aseguran
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 16 de marzo de 2021.- El gobierno de Baja California está incurriendo en ilegalidad al cobrar mediante amenaza de corte el servicio de agua a comercios, hoteles e industrias, consideraron presidentes de cámaras empresariales de Mexicali.
El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Sánchez Torres, mencionó que los cobros indebidos por Derechos de Conexión no se han diferenciado, pues lo mismo es contra guarderías, asilos, escuelas, limpiadurías, industrias o comercios, con cobros que van desde los 30 mil a los 30 millones de pesos, exigibles en periodos de 48 a 72 horas.
La empresa privada Fisamex, el gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), “te extorsionaban, te presionaban para realizar el pago, o te cortaban el suministro de agua; esto, repito, en plena pandemia, y sabiendo que la única manera de no contagiarse y no correr riesgo, era manteniendo una limpieza de manos”, expuso el presidente de Canacintra Mexicali.
A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, Octavio Sandoval López, dijo que los derechos prescriben pasados 5 años, por lo que esos cobros son ilegales.
Los empresarios enfatizaron que no es el consumo de agua el tema en conflicto, sino los Derechos de Conexión y Derechos por Descarga de Aguas Residuales, cobro que debía hacerse al inicio de construcción u operación de los edificios.
A la reunión para exponer un posicionamiento, también asistió el vicepresidente de las maquiladoras, Alfredo García Estrada, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, José Holguín Navarro.
Además, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) en Baja California, Francisco Sánchez Pérez, detalló las presuntas ilegalidades cometidas por la CESPM y el Gobierno del Estado.
Se violentaron los derechos de audiencia, la certidumbre jurídica y el debido proceso, entre otros, explicó el abogado.
Los conceptos que la paraestatal ha cobrado son: Derechos de Conexión, Volumen de Agua no Contabilizada, Problemas con Medidores, Tomas clandestinas de Agua o Falta de Medidores, Servicio para Descarga de Aguas Residuales, y Químicos Contaminantes, enumeró el abogado.
Entre las ilegalidades de la CESPM está la falta de orden e inspección para poder llevar a cabo la auditoría, para lo que debe haber un mandamiento por escrito; falta de fundamentación y motivación, para realizar las inspecciones por una empresa particular; inexistencia del derecho de previa audiencia, con un tiempo muy corto para acudir a informar lo que a su derecho convenga.
Asimismo, el abogado mencionó que la autoridad cuenta con cinco años para poder hacer cobros atrasados, pero el gobierno está cobrando hasta con más de 20 años de antigüedad.
Por la urgencia de realizar el pago ante amenaza de corte, cientos de empresas recurrieron al amparo y esto generará que les regresen su dinero, consideró el abogado.
