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Con consulta o sin ella, legalidad de “ley Bonilla” la decidirá la Suprema Corte

*       Reconocen los diputados seguidores del gobernador electo Jaime Bonilla

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – 01 de octubre de 2019.- La consulta ciudadana que realizarán el 13 de octubre los diputados seguidores de Jaime Bonilla Valdez, no tiene carácter vinculatorio legalmente, ni está dentro de las facultades que la Constitución establece para los legisladores, reconocieron los integrantes de la Comisión Especial para la realización de la consulta.
Los diputados encargados de la organización de la consulta orquestada para que los ciudadanos opinen si Bonilla Valdez debe gobernador por dos o cinco años, no pudieron aclarar el sustento legal para realizarla.

La Constitución de Baja California faculta a los diputados a realizar una consulta popular, pero ésta debe ser organizada y evaluada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), no por los propios legisladores.

Además, para que la consulta tenga validez oficial debe haber participado el 20 por ciento del listado nominal ciudadano, señala la Constitución de Baja California.

La diputada presidente de la Comisión Especial, Mirian Cano Núñez, dijo que no tomarán en cuenta un porcentaje pues se considera la decisión con los que vayan a la urna.

También explicó que instalarán entre 250 y 300 urnas en todo Baja California, cada una tendrá mil 500 boletas, con cuatro o cinco personas que recibirán el voto.

La pregunta será directa, aseveró la diputada, pues dirá si estás de acuerdo en que la próxima administración estatal tenga duración de cinco o dos años.

Para evitar que el ciudadano vote dos veces utilizarán la tinta indeleble y habrá un registro porque sólo podrán opinar los ciudadanos con credencial de elector, aseguró la legisladora.

Cano Núñez, mencionó que el costo de la consulta no rebasará los 200 mil pesos, dinero que será erogado por los diputados locales, regidores y diputados federales militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o aliados políticos.

Según los partidarios del gobernador electo, la reforma posterior a la elección donde los diputados incrementaron de dos a cinco años el periodo de la próxima gubernatura, será enviada para su publicación si el resultado de la consulta es que sea de cinco años.

Sin embargo, la diputada presidente, acompañada de otros cinco integrantes de la Comisión Especial, reconoció que independientemente del resultado de la consulta, si el decreto que está guardado es enviado al Poder Ejecutivo para la promulgación, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva si la próxima gubernatura será de dos o cinco años.

La diputada Cano Núñez dijo que ella aportará 10 mil pesos de su dieta para solventar el gasto de la consulta.

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