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El Congreso recibió una iniciativa que busca combatir la impunidad

*      La propuesta fue presentada por el diputado Job Montoya y busca reformar la Constitución local; estarían obligados a presentar declaración patrimonial todos aquellos que reciban recursos públicos

Por: Congreso del Estado

Mexicali, B. C., viernes 19 de octubre de 2018.- El diputado Job Montoya Gaxiola presentó una iniciativa para reformar el artículo 91 de la Constitución local con el propósito de incluir a quienes prestan servicios de transición para que rindan declaración patrimonial.

La propuesta, que fue presentada en la reciente sesión ordinaria que presidió la diputada Rocío López Gorosave, tiene como finalidad reformar el citado artículo de la carta magna de Baja California, el cual especifica quienes son los que la ley contempla como servidores públicos, para efectos de que, bajo protesta de decir verdad, presenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, ante las autoridades competentes.

Para la ley, servidores públicos son: “Los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial, los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue autonomía, los funcionarios y empleados”.

Sin embargo, a juicio del diputado Job Montoya, falta agregar “A quienes sean parte de los grupos de transición de los gobiernos estatal y municipales que reciban y ejerzan recursos públicos; y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal”.

Su reforma va más allá, pues en el segundo párrafo propuso agregar: “Así como los directivos de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos políticos nacionales y locales, candidatos propietarios y suplentes a puestos de elección popular y todas las personas y entidades que reciban y/o tengan a su cargo la administración y manejo de fondos y recursos públicos federales, estatales o municipales”.

Job Montoya dijo en la tribuna que esta iniciativa se enmarca dentro de la lucha anticorrupción, pues se busca combatir la impunidad, pero para ello se debe adecuar el marco legal y si se aprueba esta reforma, se contará con el asiento constitucional.

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