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* Adentro y afuera el congreso estuvo sitiado de policías ministeriales y estatales preventivos
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 01 de diciembre de 2017.- Doce diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y una del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron por mayoría el dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo que destrabaron tres proyectos de Asociación Público Privada (APP) que habían tenido oposición ciudadana.
El diputado presidente del Congreso del Estado Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria a las 8:45 de este viernes primero de diciembre, ocho horas antes había tomado posesión del cargo al iniciar el Segundo Periodo del Segundo Año Legislativo.
Por imposición mayoritaria, la mesa directiva fue conformada por cuatro diputados panistas y la perredista Rocío López Gorozave, además de que fue la segunda vez en el año, que el diputado Castañeda Pomposo ocupa el cargo de presidente del Congreso.
En punto de las 9 de la mañana, la sesión extraordinaria dio inicio con la presencia de los trece diputados panistas que integran la XXII Legislatura, además de la única diputada del PRD, la legisladora del Partido del Trabajo, Claudia Agatón Muñiz y el diputado Bernardo Padilla Muñoz del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fue la presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Iraís Vázquez Aguiar quien leyó los resolutivos del dictamen que subsanó los requerimientos mandatados por la nueva Ley de Disciplina Financiera, y poder así dar para adelante a la construcción y operación de las desaladoras de Playas de Rosario y San Quintín, Ensenada; además del proyecto de drenajes pluvial para la ciudad de Mexicali.
Concluida la lectura, el diputado Padilla Muñoz dijo que la aprobación del dictámen sería una violación a la Ley de Disciplina Financiera federal, y en específico el artículo 18 la Ley que Regula el Servicios de Agua Potable del Estado de Baja California, el cual señala que los ingresos que recauden los organismos del agua se invertirán íntegramente en los mismos sistemas de agua “y en ningún caso podrán ser afectados a otro fin distinto”.
El priista calificó de “robo a Baja California pues estaremos empeñando a Baja California por 37 años, como aquellos diputados que bajo las instrucciones de Javier Duarte en Veracruz se vendieron, hoy estamos vendiendo a Baja California por 37 años”. También dijo que el endeudamiento para Baja California era de 83 mil millones de pesos.
Acto seguido, la diputada Agatón Muñiz tomó la palabra para decir que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, López Gorozave, para esta sesión no convocó a una reunión previa como normalmente ocurre.
La legisladora petista hizo el extrañamiento por la ausencia de los diputados de izquierda del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Catalino Zavala Márquez y Víctor Moran Hernández; lo mismo que la ausencia de Luis Moreno Hernández del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Núñez Lozano del Partido de Baja California (PBC) y del diputado Job Montoya Gaxiola de Movimiento Ciudadano (MC).
“Lo que estamos viviendo es un madruguete para legislar al gusto del gobernador (Francisco Vega de Lamadrid)”, resaltó la diputada petista.
Minutos después, la secretaria de la mesa directiva indicó el diputado Montoya Gaxiola había mandado justificante de su ausencia por escrito.
También en el espacio de oradores en contra del dictamen 95, el diputado panista Miguel Osuna Millán aseguró que convocó a expertos en el tema del agua para informarse, “y hemos documentado de manera completa que en este dictamen hay inconsistencias, que hay estadísticas que no son probadas de una fuente fidedigna, es decir no coinciden con las que nosotros hemos documentado de INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía), de la CEA (Comisión Estatal del Agua), de la Comisión Nacional del Agua (CNA); y que la corrida financiera también está plagada de defectos”, espetó el único diputado panista que votó contra el dictamen.
Fue más específico al decir que el dictamen establece se paguen 69 millones metros cúbicos de agua al año, cuando la realidad es que hoy pagamos 4 millones de metros cúbicos y así sería hasta el 2015.
“Es decir, estaríamos pagando una cantidad 18 veces más por un agua que no ocupamos hoy, la ocuparíamos en el futuro”, sentenció Osuna Millán.
Ya casi por votar el dictamen, vestido con ropa deportiva llegó el diputado coordinador de la fracción priista, Alejandro Arregui Ibarra, quien tomó la voz haciendo una analogía con el 19 de diciembre de 2016, cuando en situación similar el congreso de mayoría panista aprobó la Ley del Agua, misma que tuvo que ser abrogada un mes después luego de las protestas ciudadanas.
Poco antes del iniciar la votación, el diputado presidente Castañeda Pomposo, dejó ver que en el pleno del Salón Benito Juárez García, había 17 diputados presentes por lo que la mayoría calificada –necesaria para aprobar el dictámen–, sería tomada en cuenta con los votos presentes.
La votación en lo general se efectuó con trece a favor y tres en contra, con una reserva solicitadas por la diputada del PRD; después de haber votado, la presidente de la comisión que dictaminó también propuso otra reserva.
Eran cerca de las 10 de la mañana cuando llegó el diputado del PBC, Núñez Lozano, para lo que el legislador Padilla Muñoz solicitó efectuar de nueva cuenta la votación, pero el presidente del Congreso dijo que estaba claro cómo fue la votación y no permitió que votarán nuevamente el dictamen.
Al estar leyendo su reserva, el diputado pebecista Núñez Lozano interrumpió a la de la voz y se enfrascó en gritos con el presidente; los dos diputados hablaban con micrófono al mismo tiempo y casi no se entendió nada de lo leído.
La reserva estipulaba que se dejará por escrito la prohibición de que el agua de las desaladoras no sería vendida al extranjero y debía ser usada exclusivamente en Baja California; el diputado coordinador de la fracción del PAN, Ignacio García Dworak, dejó patente que esa fracción se sumaba a la reserva.
Al terminar la lectura de la reserva, de nueva cuenta se llamó a una votación en lo particular, por lo que el presidente preguntó si había oradores en contra.
El pebecista Núñez acusó que no fue notificado de la sesión extraordinaria y se había enterado del orden del día apenas hacía diez minutos, por lo que interpondría un recurso legal para anular lo aprobado en esa sesión.
Llamó irresponsables a los diputados que aprobaron el dictamen, además de decir “cínico” al presidente del congreso.
También como orador en contra, el priista Padilla Muñiz felicitó sarcástico e irónico a la diputada del PRD, porque ella y su equipo de trabajo en muy poco tiempo habían elaborado una reserva en particular.
En ese momento, la única integrante del movimiento Mexicali Resiste que logró entrar al pleno parlamentaria, Alma Araceli Piña, irrumpió con gritos y brincando el límite de butacas y curules, pero fue retenida por los guardias de seguridad del Congreso del Estado.
Las butacas del público, desde antes de las 9 de la mañana estuvieron ocupadas por personas afines al PAN, quienes solo permanecieran en silencio de principio a fin de la sesión.
Ya con la presencia de la diputada priista Patricia Ríos López, la reserva en particular fue votada con 13 votos a favor y seis en contra.
Posteriormente, la diputada Vázquez Aguiar leyó la otra reserva encaminada a establecer los plazos de pago por la contraprestación; el voto fue igual a la otra reserva.
Concluido el punto único del orden del día, el diputado presidente Castañeda Pomposo, dijo asumir la responsabilidad de lo ahí ocurrido, pues dijo todo se había realizado de acuerdo al estado de derecho.
