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Alerta gobierno y Seguro Popular a la población sobre fraude de presuntos auditores

*       La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), hace un llamado a no caer en este tipo de engaños

Por: Seguro Popular
TIJUANA, B. C.- Miércoles 25 de octubre del 2017.- El Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través del Seguro Popular de Baja California y del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, niega la creación de un equipo de trabajo para participar en el proyecto denominado “Instituto de Seguro Popular” (ISP), que tendría como finalidad llevar a cabo una auditoría de los recursos públicos federales asignados al programa, como parte del proceso de la “Universalización de los Servicios de Salud”, información que circula a través de correos electrónicos.
 
El Director General del Seguro Popular de Baja California, Alejandro Monraz Sustaita, comentó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad de llevar a cabo la fiscalización de los recursos federales que se destinen y se ejerzan en la Administración Pública Federal y los designados a las entidades federativas, según se determina en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Por lo anterior, “el Seguro Popular lamenta que presuntos auditores traten de engañar a la sociedad mediante la oferta de puestos de trabajo, para integrar el inexistente proyecto denominado Instituto de Seguro Popular; tampoco reconoce y mucho menos valida a quienes solicitan el desembolso de entre 20 mil y hasta 40 mil pesos, con la promesa irreal de que una vez que hayan hecho los depósitos en efectivo, podrían ser contratados y participar en el proyecto inexistente”, indicó el funcionario estatal.
 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través de su régimen en nuestro Estado, hace un llamado a no caer en engaños que pueden llegar a afectar la economía de los ciudadanos; este tipo de prácticas están alejadas de las disposiciones legales y administrativas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
 

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