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* En la que se establece que México pueda vender agua del Río Colorado a Estados Unidos
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 13 de octubre de 2017.- El gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid rehusó hablar sobre la firma del Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El acuerdo signado por los gobiernos de Estados Unidos y México establece nuevas condiciones para la entrega de agua estipulado en el Tratado Internacional de Aguas de 1944.
Cuestionado porque a cambio de dinero para mejora de infraestructura hidráulica el gobierno mexicano cedería agua al vecino país, el mandatario de Baja California expuso que “hemos estado ahí pendientes, hemos hecho posicionamientos, absolutamente, y por eso mismo tenemos que resolver nosotros el problema del agua en territorio mexicano, para no estar supeditado a este tipo de negociaciones internacionales”.
-Estamos vendiendo el agua y usted no ha hecho un posicionamiento, se les expuso a Vega de Lamadrid.
La respuesta del gobernador fue que “yo estoy proponiendo resolver el agua para más de 40 años en este momento, eso es más importante que cualquier posicionamiento, mi posicionamiento es que hay que hacer las plantas desalinadoras”.
Al concluir la entrevista, el coordinador de comunicación social Raúl Reynoso Nuño aseguró que el Poder Ejecutivo ya había emitido su posicionamiento sobre la firma del Acta 323, por lo que dijo enviaría tal postura al reportero; sin embargo, el funcionario no remitió dicho posicionamiento.
Antes, durante una rueda de prensa Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de realizar las plantas desalinadoras de Playas de Rosarito y Ensenada, pues es la manera de resolver el problema de escases de agua para más de 2 millones de personas en la zona costa.
Lamentó que en el Congreso del Estado no se haya podido aprobar el dictamen 95 porque “si hay algo claro es que se nos está acabando el agua, y no en Mexicali ni el Valle”, enfatizó el mandatario.
Dijo que las plantas desaladoras mediante la modalidad de Asociación Público Privada (APP) fueron aprobadas por el Poder Legislativo desde el 20 de diciembre de 2016, pero una modificación a la Ley de Disciplina Financiera federal obliga al gobierno del estado entregar más información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Abundó que es un asunto de forma no de fondo porque el proyecta ya fue aprobado por los diputados.
“Ahorita se pide y se está pidiendo, no la autorización para contratar, no la autorización para tener plantas desalinadoras, eso ya se votó y se nos dio; repito, ahorita el tema es nada más la modificación a lo que la Secretaría de Hacienda nos pide, que es de forma, no es de fondo, que nadie se confunda”, expuso el gobernador.
Dijo estar preocupado porque los opositores a los proyectos de APP no proponen de qué otra manera se puede solucionar el problema de abastecimiento de agua para la zona costa.
“Yo no quiero por ningún motivo ser recordado como el gobernador que dejó seco a Baja California, en la zona costa, estoy haciendo todo lo posible todo lo que está dentro de mis posibilidades de resolver el problema de más de dos millones de habitantes y no voy a descansar hasta que se resuelva”, sentenció Vega de Lamadrid.
El mandatario aseguró que la oposición a los proyectos obedeces a asuntos políticos.
