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Columna: SIN NOMBRE
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – Al asumir como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, María Elena Andrade Ramírez se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo, pero solamente duró nueve meses y 13 días porque renunció.
A los cinco meses de directora, en marzo de 2020 la maldita pandemia de Covid-19 golpeó a todo el mundo, ni Mexicali, ni nuestras familias, amigos o conocidos nos salvamos de perder a un ser querido, la policía municipal no fue la excepción.
La vacuna tardó un año en inventarse y más en llegar al país; los adultos mayores y personas con alguna comorbilidad fueron enviados a sus casas, los policías que se iban contagiando también eran enviados a cuarentena. El 19 de mayo de 2020 murió el primer agente de la policía municipal de Mexicali víctima de coronavirus, fueron más de 20 entre activos y jubilados.
A los días, la muerte del cuarto policía René Moore el 28 de mayo de ese año, desató el encono de los uniformados contra sus superiores.
El agente Moore solicitó fuera enviado a su casa porque al ser diabético e hipertenso estaba entre la gente de riesgo, la respuesta del comandante fue negligente y majadera: “que se deje de mamadas”.
Del hecho hubo testigos, la familia recurrió a conocido despacho de abogados penalistas y advirtieron denuncia penal por homicidio culposo contra quien resulte responsable, incluyendo la directora.
Por si fuera poco, los agentes que se contagiaban eran enviados a sus casas con sueldo reducido al 60 por ciento, lo consideraron injusto, y mediante una Carta-Manifiesto el 30 de junio reclamaron fuerte al Cabildo y la entonces presidenta municipal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Días después, el 13 de julio de 2020 renunció Andrade Ramírez al cargo que ostentó desde el primero de octubre de 2019.
El 20 de agosto de 2023, luego de la renuncia del anterior fiscal, en plena tormenta Hilary los diputados del Congreso de Baja California realizaron comparecencia virtual con los integrantes de la terna propuesta por la jefa del Poder Ejecutivo; éstos eran: María Elena Andrade Ramírez, Rafael Orozco Vargas y José Antonio Lozano Blancas
En Mexicali la electricidad se iba a cada rato y por ende el servicio de internet se interrumpía tanto para los espectadores como para los diputados.
La primera en exponer su plan de trabajo y someterse a las preguntas de los legisladores fue Andrade Ramírez e inició con su currículum. Abogada, maestra y con doctorado; catedrática universitaria.
Dijo tener 35 años en el servicio público, inició sacando copias, fue secretaria de acuerdos en juzgado penal del Poder Judicial del Estado; luego pasó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) donde fue agente del ministerio público, Directora de Averiguaciones Previas y sub procuradora zona Mexicali, este último del 13 de julio de 2009 al 31 de octubre de 2013. De hecho, al lado del ex procurador Rommel Moreno Manjarrez, siendo gobernador José Guadalupe Osuna Millán, le tocó echar a andar en 2010 el sistema penal oral, adversarial y acusatorio en Mexicali, luego a todo el estado.
Después se fue a la Ciudad de México a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cargo donde estuvo cinco años antes de regresar a Mexicali.
Previo a la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda rumbo a la alcaldía, Andrade Ramírez se dejó ver en eventos públicos a favor de la morenista, de hecho, una vez con el triunfo, la abogada fue la asesora de seguridad en el equipo de transición.
Continuando con la exposición a los diputados, la compareciente les dijo que fue la primera mujer en ocupar la DSPM de Mexicali, luego titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario desde el inicio de la actual administración de Ávila Olmeda, cargo que ocupó hasta el 23 de agosto de 2023, cuando los congresistas de Baja California la designaron Fiscal General del Estado (FGE) con 18 votos a favor y seis abstenciones.
La única en cuestionar realmente a la hoy fiscal ese domingo de tormenta fue la diputada Daylín García Ruvalcaba, del Partido Movimiento Ciudadano.
Le preguntó por qué había renunciado a un cargo tan importante como la dirección de la policía municipal de Mexicali, a lo que la aludida respondió que le tocó un tiempo difícil por la pandemia de Covid-19, pero no dio más detalles.
Lo que sí dijo fue que cuando renunció siguió trabajando en un área de la coordinación de gabinete municipal en el tema de seguridad, desde donde ayudó a implementar el programa Fuerza Rosa. Ese cargo fue omitido por la compareciente al momento de leer su currículo.
Ciertamente Andrade Ramírez es de toda la confianza de la gobernadora y quedó en evidencia con la renuncia a la dirección de policía, la continuidad en el gabinete municipal y posterior designio de comisionada del sistema penitenciario.
La creación de las fiscalías para pretendida autonomía.
Cuando la legislación federal y la estatal cambiaron de nombre de procuraduría a fiscalía, la intención ideal fue que los poderes ejecutivos no tuvieran injerencia en las investigaciones anteriormente llamadas averiguaciones previas, pues presupone que si un gobernante comete delitos no se va a auto investigar. Y tienen razón.
Entonces las fiscalías deben ser autónomas, sostiene la actual legislación románticamente, porque en los tres fiscales que llevamos en Baja California, los designados han sido gente cercana al responsable del Poder Ejecutivo.
De entrada, quien esto escribe sostiene que constitucionalmente el responsable de la seguridad pública y procuración de justicia es y debe ser quien ostente el Poder Ejecutivo, porque los votantes le conferimos esa responsabilidad. A ellos y no a otros, los ciudadanos le tenemos que reclamar y exigir resultados, principalmente.
Luego entonces, ¿por qué es conveniente la figura de una fiscalía autónoma?
La figura de la autonomía no es el tema, la forma como designan a los fiscales sí.
Para empezar, si realmente queremos autonomía los fiscales deben ser elegidos mediante el voto popular en elecciones directas y con la figura de revocación de mandato; sin partido político de por medio, que los profesionales del derecho que sean elegibles, se postulen ante el instituto electoral en las elecciones intermedias, que la ciudadanía evalúe su capacidad, experiencia, honradez y honestidad. Esto no es nuevo pues ocurre en otras democracias.
O en su defecto, que no sea el Poder Ejecutivo quien entregue una terna, sino que sea una convocatoria abierta emitida por el Poder Legislativo, para que los profesionales se apunten y públicamente sean evaluados conforme a conocimientos, experiencia y probidad. No garantiza que no designen a un “fiscal carnal” pero quedarán evidenciados si otros participantes tienen mayores tablas profesionales y morales para ocupar el cargo.
Con los últimos gobiernos panistas de Baja California, tres procuradores casi duraron los seis años de encargo del Ejecutivo; Perla del Socorro Ibarra Leyva con Francisco Vega de Lamadrid, Rommel Moreno Manjarrez con Osuna Millán, y Antonio Martínez Luna con Eugenio Elorduy Walther.
En 2019 llegó al poder el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con Jaime Bonilla Valdez, quien incluyó en la terna a su amigo Guillermo Ruiz Hernández; los otros integrantes de la terna fueron Hiram Sánchez Zamora y Jorge Alberto Álvarez Mendoza, quienes fueron nombrados fiscal central y fiscal regional de Tijuana, respectivamente.
En lenguaje coloquial, cuando ya todo está arreglado porque los legisladores son afines al gobernante en turno, decimos que ya “está planchado”, por lo que la terna se convierte en simulación.
Como Bonilla Valdez sólo duró menos de dos años en el cargo, su amigo Ruiz Hernández renunció luego de dos años, por lo que la nueva gobernadora Ávila Olmeda, tuvo que enviar una terna, también “planchada” porque en el Congreso del Estado el partido Morena y aliados significan la mayoría calificada, es decir 17 o más, de los 25 votos posibles.
Para esta terna, ocurrió algo reprobable que, si bien legal. fue inmoral, algo contrario a lo que ha dicho en esos casos el presidente Andrés Manuel López Obrador: modificar la constitución o las leyes para favorecer a una persona es incorrecto.
Para que Iván Carpio Sánchez pudiera ser designado fiscal, modificaron la constitución a modo, con dedicatoria, pues redujeron la experiencia profesional de 10 a 5 años. Eso estuvo muy mal. Duró en el cargo del 19 de enero de 2022 al 10 de agosto de 2023. Las últimas semanas, ya no asistía a las mañaneras de los miércoles que realiza el Poder Ejecutivo.
En esa terna estuvo Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes, a la postre fiscal central y fiscal contra homicidios, respectivamente.
En la terna más reciente además de Andrade Ramírez, repitió Orozco Vargas y el otro aspirante fue José Antonio Lozano Blancas.
Un apunte especial debo hacer de Orozco Vargas, antes de que en la actual y anterior gestión de la fiscalía lo designaran en cargos de fiscal central y regional; me tocó verlo como agente del ministerio público llevando casos ante el juez, en las audiencias orales, hábil, perspicaz, concentrado y con conocimiento en los interrogatorios a imputados, abogados, peritos, testigos y demás. Ojalá que en la fiscalía ahorita haya ministerios públicos igual o mejores que él en las audiencias frente al juez.
Bonilla Valdez públicamente decía que el fiscal era su amigo o compadre; no sé si Carpio o Andrade sean amigos de la actual gobernadora Ávila Olmeda, pero sí sé que son cercanos y de confianza.
Creo que para que la fiscalía sea realmente autónoma, los titulares no deben ser ni amigos, ni cercanos y menos subordinados al mandatario en turno; aunque nadie discute la trayectoria y currículum de Andrade Ramírez, ni la oposición que no se atrevió a votar en contra y se abstuvieron.
Tiempo al tiempo.
28 de agosto de 2023
