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* “Para garantizar en la esfera de las leyes mejores condiciones de dignidad y respeto, principalmente para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad”: Diputada Santa Alejandrina
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B.C., domingo 13 de agosto de 2023.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, indicó que el tema de la no discriminación a nivel nacional e internacional, se ha convertido en una constante lucha para garantizar en la esfera de las leyes, mejores condiciones de dignidad y de respeto, principalmente para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, por lo que presentó iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California.
En el documento, la legisladora explica que el tema debe ser puesto en la mesa de discusión en los diversos escenarios de nuestro país con mucha más claridad e importancia, dejando de normalizar conductas que, para muchos, son cosas sin importancia, pero que, como se ha comentado, pueden tener consecuencias lamentables en una porción muy importante de la población como son en el caso de las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
Agregó que el CONAPRED (2022) nos recuerda, que todo tipo de actos discriminatorios deja efectos negativos en las personas, como la pérdida de derechos y desigualdades que pueden llevar a los afectados a tener sentimientos de aislamiento, a sufrir violencia y, en los escenarios más catastróficos, a perder la vida.
Refirió que se han logrado grandes avances en este tema y que se han mejorado las condiciones de igualdad y no discriminación para las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, sin embargo hay mucho todavía por hacer, como legisladores debemos de asumir el reto de avanzar en la búsqueda de mejores condiciones de igualdad y sobre todo establecer un enfoque prioritario de especial atención hacia los mismos, que permita inhibir y evitar cualquier acción discriminatoria que atente la dignidad de dichas personas.
Reiteró que el combate a la discriminación debe de tener una política pública firme, sólida y permanente y que los poderes públicos tanto del Estado, así como los Ayuntamientos deben de tomar las medidas necesarias para incrementar la igualdad y resolver la discriminación a través de las alternativas de solución de conflictos, pero igualmente importante prohibiendo e impidiendo toda forma o medio que las vuelva a situar en una posición de víctima ante un hecho que ponga en riesgo sus derechos.
