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Columna SIN NOMBRE
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- Para desarticular la toma de instalaciones que duró casi tres semanas, la autoridad se sometió a los quejosos, pero la operatividad empeoró en la Comisión Local de Búsqueda de Personas en el estado de Baja California. Quienes están pagando las consecuencias son los empleados.
Los trabajadores de la Comisión Estatal denunciaron trato grosero e indigno por el grupo de colectivos que tuvieron en enero pasado tomadas las oficinas en Tijuana.
El oficio de 5 páginas fue recibido el 14 de marzo por el gobierno del estado, por lo que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ya debe estar enterada de las vejaciones, altanerías y humillaciones narradas por las empleadas.
No sólo la gobernadora, el mismo documento fue turnado el 21 de marzo pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues lo expuesto, efectivamente viola las garantías laborales de los denunciantes.
El escrito enviado a la gobernadora, inicia con tres citas textuales que la mandataria hizo con referencia a la igualdad, derecho y protección de las mujeres. Lo anterior, porque cinco mujeres profesionistas, tres psicólogas y dos del departamento jurídico, son parte de las afectadas por el maltrato solapado por el nuevo coordinador.
En todo el estado son 19 personas las que trabajan en la comisión, 15 de éstas firman la denuncia enviada a Ávila Olmeda.
Tengo que confesar, que para quien esto escribe no es fácil tratar el tema por lo delicado y dolorosa que es la desaparición forzada de un ser querido; estoy convencido que sólo quienes pasan por ese dolor saben qué acciones tomar.
El asunto se vuelve más complicado porque las desapariciones forzadas, desafortunadamente son una constante, todos los días emiten pesquisas de personas que posteriormente aparecen muertas, o nunca más se sabe de ellas.
En ese mismo sentido y con el mismo respeto pregunto ¿Cómo puede haber alguien que busque coto de poder utilizando esta comisión tan delicada y noble?
¿El dolor te ciega para querer que –aun con la carencia de personal— la comisión sea exclusiva para la búsqueda de tus seres queridos? ¿No conciben que todos los días hay más víctimas y todos merecen la misma atención y respeto?
Lo mejor sería que hubiera más personal para atención a la desafortunada demanda creciente. La realidad es que hay pocas personas que hacen esa labor, y están exigiendo el respeto que merecen. Cuando inició la actual administración había 12 colectivos de víctimas de desaparecidos, ahora son 26 y no todas las personas que buscan a un ser querido, pertenecen a algún colectivo y todos deben ser atendidos.
El asunto hizo crisis al violentar el derecho de mujeres y hombres que trabajan honradamente, y que nadie tiene derecho a faltarles al respeto y su dignidad.
En la anarquía y debilidad de la autoridad se desprenden cosas graves: revisión de expedientes ajenos; desatención a víctimas por solapar exclusividad de otras víctimas; además de que, al no informar a priori a la comisión los lugares de búsqueda de campo, pone en peligro a los empleados que son los encargados y capacitados para la logística de salidas y llegadas. Por la naturaleza del hecho, los lugares de búsqueda representan riesgo.
La historia es la siguiente.
Por facultad del Poder Ejecutivo, la gobernadora de Baja California designó titular de la Comisión Estatal de Búsqueda a Rafael Hernández Murrieta en mayo de 2022, no era nuevo en la dependencia, había fungido como director general de la misma y tenía trayectoria en estudios forenses y escena de crimen.
Antes, de comisionado estuvo Juan Manuel León Martínez, quien tenía en el cargo desde el sexenio de Francisco Vega, perduró los años de Jaime Bonilla Valdez. También estuvo en la comisión una persona que desde hace muchos años busca a su hijo víctima de desaparición forzada, Fernando Ocegueda Flores, quien es presidente de colectivo en Tijuana y reconocido por su entereza y aplomo.
Al asumir la titularidad, Hernández Murrieta fue rechazado por algunos colectivos de Tijuana, entre ellos el comandado por Ocegueda, situación que llevó a la gobernadora a destituirlo y ordenar un nuevo proceso de selección cuya convocatoria fue emitida el 20 de junio de 2022. En ese momento pudimos pensar que hubo empatía y decisión salomónica de la mandataria.
Para designar a la persona idónea, se instaló un comité especial integrado por un representante de la Secretaría General de Gobierno, otro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uno más del Poder Legislativo del estado y dos representantes de organismos de la sociedad civil expertos en búsqueda de personas. La convocatoria señaló que la Secretaría General de Gobierno debía entregar a la gobernadora una terna para que decidiera.
Uno de los requisitos era que los aspirantes debían contar con el apoyo escrito de colectivos de búsqueda, por lo que ocho personas se registraron, pero únicamente cuatro reunieron los requisitos pasando al siguiente escaño, entre ellos Hernández Murrieta y el anterior León Martínez.
La siguiente prueba fue examen oral y escrito para lo cual León Martínez no se presentó.
La máxima calificación era de 136 puntos; Hernández Murrieta obtuvo la mejor evaluación con 112.45 puntos, la siguiente aspirante alcanzó 52.95 puntos y el tercero 29.75.
Todo el proceso y las calificaciones fueron públicas y la decisión fue más fácil para la gobernadora, al designar por segunda ocasión a Hernández Murrieta comisionado estatal. Era 19 de octubre de 2022.
Las diferencias y animadversión contra el titular continuaron al grado de que colectivos de Tijuana tomaron las instalaciones de la comisión el 11 de enero, situación que duró 19 días.
Durante esos días, según reza el escrito entregado a la gobernadora, los empleados siguieron trabajando con vehículos, teléfonos y computadoras propias, incluso pasaron un mes y medio sin recibir sueldo.
Para liberar las oficinas, el gobierno estatal y los quejosos acordaron el nombramiento de un coordinador afín a esos colectivos, Miguel Alejandro Cabrera Medina, quien a pesar de contar con las firmas de colectivos que lo apoyaban, se registró como uno de los aspirantes, pero no pasó a la siguiente ronda. En su currículum no contaba con experiencia en el ramo.
Fue así que inventaron una nueva coordinación a pesar de que ya existía una persona en esa responsabilidad.
Una vez más, este grupo de colectivos sometieron la decisión de la gobernadora.
Quienes pagaron los platos rotos fueron los empleados, principalmente de Tijuana donde está la mayoría.
A partir del 30 de enero el ambiente laboral es denso, estresante, aseguran; un día después el recién nombrado solicitó las llaves de todos los vehículos asignados para campo, es decir, en la práctica pasando por alto de quien tiene la responsabilidad legal y legítima en la Comisión.
En su carta, los quejosos le dicen a la gobernadora que si ella los entrevista, uno a uno le explicarían las vejaciones que han recibido con la llegada del nuevo coordinador.
Dicho sea de paso, uno de los pick up que eran utilizados para las búsquedas, desde esa fecha está en posesión del nuevo coordinador, misma unidad que ya fue chocada.
Las anomalías son atribuidas a los colectivos de búsqueda que entran a los espacios de los empleados sin restricción alguna, exigiendo celeridad en las comisiones de búsqueda de su ser querido.
Una indicación a los trabajadores los dejó atónitos, pues el primero de febrero debían realizar una búsqueda agendada, pero al solicitar los vehículos recibieron como respuesta que “los colectivos no autorizaron la salida de unidades”.
La comisión estatal tiene 984 folios de búsqueda recientes, mismos que se deben atender en alguna de las modalidades de búsqueda, pero a imposición de los mismos colectivos se prioriza la atención a ellos.
Y es que el trabajo de la comisión no solo es búsqueda en campo, también, las tres psicólogas que hay deben acompañar a familiares que acuden a reconocer a alguna persona en el Servicio Médico Forense (Semefo); otra función es acudir a lugares en la búsqueda en vida.
Los empleados deben acudir a diferentes capacitaciones que obliga la normatividad federal, entre ellos antropología, arqueología, preparación con el binomio canino, prácticas de buceo, entre otras. Eso lo hacen incluso, en un horario de 2 a 7 de la tarde, es decir, aportando de su tiempo fuera de margen laboral.
También deben saber dónde son los lugares que acudirán a buscar, pero ni eso les dicen, eso los pone en riesgo porque deben implementar protocolos de seguridad, incluso cosas necesarias como dónde enviar un sanitario o la comida para los brigadistas.
Dicho de otra manera, esos colectivos que impusieron coordinador generan la agenda de trabajo de la comisión, desatendiendo otras víctimas y poniendo en riesgo a los empleados.
Otra queja es deficiencias en la comunicación con las autoridades que dan protección en las búsquedas, como las policías municipales, la estatal, ejército y la Guardia Nacional.
Aunado a eso, en señal de represalia, existen quejas contra los empleados en situaciones sencillas que no les han permitido aclarar, por ejemplo, una persona de los colectivos acusó a un empleado de no haber acudido a una diligencia, cuando la respuesta es que no asistió porque estaba en otra diligencia. Por eso piden ser escuchados incluso por la misma gobernadora.
Todos esto y más quedó plasmado en una carta dirigida a Ávila Olmeda, también enviada a la instancia federal.
Falta alguien que ponga orden en esa dependencia de la Secretaría General de Gobierno.
29 de marzo de 2023
