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* Por aprobar contrato leonino de planta fotovoltaica sin permisos federales
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- 04 de marzo de 2022.- El gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una denuncia penal por peculado, abuso de autoridad y otros cinco delitos, contra siete ex funcionarios del anterior gobierno estatal, incluido el ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez.
La razón es: conceder un contrato ventajoso a favor de la empresa Next Energy, quien que construiría una planta fotovoltaica en terrenos cercanos a la geotérmica de Cerro Prieto.
El secretario de hacienda, Marco Moreno Mexía, acompañado del director jurídico, Juan José Pon Méndez, informaron que esa planta fallida no obtuvo los permisos federales de parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que ni siquiera han iniciado construcción.
Sin embargo, el contrato leonino con plazo a 30 años establece un fideicomiso que compromete el 19.5 por ciento de las participaciones federales para Baja California, además de otros conceptos de garantía, que incluyen dos terceras partes de los ingresos estatales del Impuesto Sobre Nómina, los recursos de los organismos operadores del agua y otros ingresos adicionales.
Este fideicomiso ocasionó que el mes pasado, descontaron 123 millones de pesos de las participaciones federales correspondientes a Baja California, dinero que sería utilizado para seguridad, salud y educación, indicó el Secretario de Hacienda.
Ante esta adversidad, el gobierno del estado presentó un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, quien otorgó una suspensión provisional que impide la retención de las participaciones federales, que incluso este 3 de marzo, la empresa Next Energy a través de notario público presentó una factura para que le pagarán otros 120 millones de pesos por compensación.
La suspensión provisional establece que está prohibido comprometer participaciones federales.
Además de los delitos de peculado y abuso de autoridad, la demanda contra el ex gobernador y seis de sus ex funcionarios contempla el ejercicio ilícito de servidores públicos, falsedad de autoridades, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado impropio y coalición de servidores públicos.
Las denuncias penales incluyen a los funcionarios y asesores de la empresa Next Energy, además de que paralelamente este viernes el gobierno del estado interpuso denuncias por responsabilidades administrativas ante la Secretaría de Honestidad.
