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* Propone se declare de utilidad pública en el Estado formular y evaluar políticas públicas que garanticen una seguridad alimentaria sostenible
Por: Congreso del Estado
Tijuana, B. C., jueves 29 de marzo del 2018.-El diputado Job Montoya Gaxiola (MC), en conjunto con el diputado Sergio Tolento Hernández (PAN) y la diputada Claudia Agatón Muñiz (PT), presentaron iniciativa con la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Agropecuario (LDA) y de la Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria (Lfdama), ambas del estado de Baja California, en relación al desperdicio y la pérdida de alimentos.
El legislador puntualizó que el objetivo de la presente Iniciativa es fortalecer y establecer las disposiciones legales relacionadas con este tema, por lo cual se propone modificar la LDA a fin de que se declare de utilidad pública en el Estado formular, conducir y evaluar políticas públicas que permitan garantizar una seguridad alimentaria sostenible.
Asimismo, dotar a la Secretaría de Fomento Agropecuario(Sefoa) de facultades en la materia, las cuales ejercería en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF).
Montoya Gaxiola mencionó que de igual forma se propone reformar la Lfdama, a fin de establecer penas de tres días a tres años de prisión y hasta trescientos días de multa a quienes tiren o destruyan alimentos aptos para el consumo humano, lucren con el manejo de las donaciones de alimentos, y a los funcionarios públicos que, en abuso de su cargo, desvíen, bloqueen perjudiquen, alteren o violen la distribución y/o donación altruista de alimentos.
Precisó que se fijarán sanciones a quienes entreguen cualquier tipo de alimentos no aptos para el consumo humano o que no cumplan con la normatividad sanitaria en la materia, así como a los que ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios.
El legislador de movimiento ciudadano expresó que el desperdicio de alimentos se presenta cuando son aptos para el consumo humano, pero no se consumen, debido a que se deja que se estropeen o son descartados por los minoristas o los consumidores. Esto puede deberse a las reglas de etiquetado de fecha de caducidad rígidas o mal entendidas, o a prácticas de almacenamiento, compra o de cocina inadecuadas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medo Ambiente y Desarrollo Sustentable para su análisis jurídico, a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.
