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* Les piden que hasta tres veces realizar pruebas de ADN
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 14 de septiembre de 2018.- Madres de personas “desaparecidas” acusaron de indolencia a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues les piden hasta tres veces que se realicen las pruebas de ADN arguyendo que no tienen esa información.
La señora Alma Díaz, integrante de Madres Unidas y Fuertes por Nuestros Desaparecidos, explicó que cada que cambia un funcionario le piden que presente una declaración sobre la desaparición de su hijo Francisco Quintana Díaz, policía municipal mexicalense que desde hace 23 años no sabe de su paradero.
Recientemente estuvieron en un foro en Tijuana, donde participó el próximo secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo, a quien le entregaron un expediente con la información de personas no localizadas en Mexicali.
Reclamó que funcionarios de la procuraduría local, les dicen que no conocen el caso de su hijo por lo que le piden de nueva cuenta declaración ministerial.
La justificación de la autoridad es que son nuevos en el cargo público, mencionó la señora, quien dice que solicitan las pruebas de ADN que ya les ha realizado la PGJE, pero obtienen de respuesta que no las tienen.
Hace tres días se cumplieron tres años de la desaparición de los abogados Hugo Fonseca y Alberto Zambrano, pero ni los casos antiguos ni los nuevos son resueltos por las autoridades, criticó la madre afligida.
En la asociación que formaron las madres de desaparecidas, tienen registrado en trabajo de campo más de 3 mil desaparecidos en Baja California, pero la autoridad solamente reconoce mil casos de personas no localizadas.
Por su parte, la señora Irma Leyva, madre de Diego Hernández Leyva, reclamó que pasan los años y la procuraduría simplemente no hace su trabajo para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Dijo que desde 2007 a la fecha ha luchado para que encuentren a su hijo, pero los agentes asignados al caso nunca investigaron algo, pues era ella quien aportaba datos en la pesquisa.
Una muestra de la impunidad institucional alrededor de las personas desaparecidas, es que no se ha creado una Ley de Víctimas, labor que le corresponde a los diputados y al ejecutivo del estado.
