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* Considera el abogado porque se trata de un delito de lesiones; quienes tiran partes humanas a la calle salen libres, criticó.
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 09 de mayo de 2018.- La decisión del Poder Judicial para mantener en prisión preventiva al activista León Fierro Reséndiz tiene tintes políticos y marca un precedente tratándose de un delito de lesiones, consideró el abogado defensor, Fernando Rosales Figueroa.
Al finalizar la audiencia que se prolongó por 14 horas, el abogado criticó que para los jueces de Baja California sea más peligrosa una persona acusada de lesiones, que alguien que arroje partes humanas a la calle o trasiegue armas de alto poder, pues en estos dos supuestos obtienen la libertad procesal.
El imputado fue detenido el 3 de mayo pasado acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio del agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Edgar Manuel Tapia Castro.
El agente del ministerio público consideró que el acusado, con su automóvil había intentado matar a los agentes durante el enfrentamiento violento entre policías y manifestantes ocurrido en el Rancho Mena el 16 de enero pasado.
Sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso la jueza Ruth Esperanza Álvarez desestimó la veracidad del supuesto dolo, y recategorizó el delito a lesiones calificadas.
El término de calificadas se constituyó porque la persona agredida es un agente de seguridad pública, reconoció la integrante del Poder Judicial de Baja California.
A solicitud del agente del ministerio público, la funcionaria judicial concedió la prisión preventiva porque aseguró que Fierro Reséndiz es un riesgo para la comunidad.
Al respecto, el abogado Rosales Figueroa anunció que buscará la soluciona alterna mediante acuerdo reparatorio, pues las lesiones no pusieron en peligro la vida de la víctima y son de las que tardan menos de dos semanas en sanar.
Recordó que la propia juez destacó que el agente de la PEP en mención, fue quien rompió el vidrio de una de las puertas del carro del activista opositor a la instalación de la cervecería Constellation Brands.
“Efectivamente estamos en un riesgo para la comunidad, pero ese riesgo para la comunidad lo está colocando la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, el propio gobernador, las autoridades que están decidiendo inclusive el Poder Judicial con estas decisiones que lejos de abonar a una paz jurídica, una tranquilidad, encontramos esas decisiones que contravienen el orden público y el interés social principalmente, es un exceso, un abuso, y por supuesto que en cuanto a la pregunta que me formulan, sí se considera un asunto meramente político, ya no jurídico”.
La jueza dio un lapso de dos meses para que el ministerio público concluya la investigación, plazo menor al tiempo que tarda en tramitarse un amparo u obtener una respuesta de apelación en la segunda instancia judicial, dijo el abogado Rosales Figueroa arguyendo una decisión política por parte de dos poderes del estado.
