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* En Baja California hay 70 investigaciones por delitos electorales; ningún detenido
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 10 de octubre de 2017.- De las mil 500 órdenes de aprehensión que ha concedido el Poder Judicial, en este 2017 se han cumplimentado 223 pero ningún procesado está en prisión porque así lo establecen la legislación, reconoció el responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
De vista en Mexicali para firmar un convenio de colaboración con autoridades locales, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en Baja California están pendientes de cumplimentar 70 órdenes de aprehensión, 36 bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal y 34 del sistema tradicional.
El tema central, es que delitos como el peculado, compra de votos o el condicionamiento de entrega de apoyos sociales, sean considerados graves para que los funcionarios públicos involucrados lleven su proceso en prisión, vaticinó el funcionario federal y dio ejemplos de ex gobernadores acusados.
“Los delitos electorales no son delitos considerados como graves, y esto implica que en el sistema tradicional puedan adquirir la libertad caucional y en el nuevo sistema no hay prisión preventiva oficiosa; sin embargo, y creo que esa es la parte central de la discusión, es que tenemos que discutir con absoluta seriedad la necesidad de que determinados delitos como el peculado electoral, como el condicionamiento de programas sociales, como el financiamiento ilícito en las campañas electorales, cuando estamos en presencia de redes de corrupción de servidores públicos como el caso del señor César Duarte en Chihuahua o el caso de Javier Duarte en Veracruz, deban dar como resultado la prisión preventiva oficiosa”, sentenció el fiscal de FEPADE en México.
En los casos de altos funcionarios involucrados en corrupción, se lesiona de forma grave los principios rectores de la función pública, por lo que “el mensaje tiene que ser muy claro, bajo ninguna circunstancia se pueden tolerar las prácticas de la comisión de delitos electorales en una democracia”, mencionó Nieto Castillo.
En conferencia ante funcionario públicos, relató que en Chiapas se han comprobado casos de turismo electoral supranacional, con ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños que son instigados a obtener credenciales de elector para favorecer a candidatos o partidos políticos.
Enfatizó que “por eso he insistido que es necesario que podamos discutir de forma pública para volver los delitos electorales en algunos casos graves, para efectos de poder tener prisión preventiva oficiosa y que las personas no salgan a tramitar su proceso penal en libertad”.
Las denuncias más recurrentes son el condicionamiento de programas sociales, compra de votos, el financiamiento ilícito de las campañas, además de la alteración al Registro Federal de Electores, el acarreo o la presión para ejercer el voto, explicó el funcionario.
Para el próximo año, además de la elección federal habrá 30 demarcaciones con comicios locales, con la encomienda de elegir a 3 mil 515 funcionarios de elección popular, sin contar a los regidores y síndicos municipales, dijo Nieto Castillo.
“En Baja California hemos tenidos siete vistas que nos dio el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionadas con temas de financiamiento y ocultamiento a los informes en materia de fiscalización del INE; y temas relacionados también con la falta de documentación justificatoria y comprobatoria del gasto”, refirió el fiscal de la FEPADE.
Relató que después de los terremotos recientes, se ha discutido fuertemente la posibilidad de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, situación que a su juicio sería contraproducente.
“Se ha dado un mensaje erróneo, desde mi punto de vista, de la necesidad, el posicionamiento de algunos actores políticos que plantean que se tiene que suprimir el financiamiento público para los partidos políticos, yo no comparto este punto de vista, creo que es absolutamente necesario que los partidos políticos cuenten con recursos de financiamiento público para efectos de que podamos fiscalizar en mejor forma los recursos a los que tienen derecho los partidos políticos; sí, por supuesto que hay que reducirlos pero la supresión absoluta nos va a generar más financiamiento ilícito, más desvío de recursos, más peculado electoral”, consideró el encargado de investigar esos delitos.
Relacionados a la corrupción gubernamental, en el año 2014 se abrieron 13 investigaciones; en 2015 aumentó a 161; para el 2016 con 14 entidades en comicios fueron 624 y este año en que hubo elecciones en cuatro estados van 225 carpetas de investigaciones iniciadas, aseveró el fiscal.
“En Quintana Roo en lo que va de 2017 se han librado 381 órdenes de aprehensión; en Chihuahua tenemos casos relevantes que involucran al ex gobernador de la entidad, de hecho, hemos solicitado la declaración de procedencia, la eliminación de fuero constitucional a la presidenta del Congreso del Chihuahua, y se ha solicitado la extradición del señor César Duarte para que enfrente los cargos por la comisión de delitos electorales y el desvío de recursos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su mandato”, aseveró Nieto Castillo.
