El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Por Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos

29 de abril de 2026.- El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, a/k/a “Cholo”, GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, alias “Tornado”, JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, alias “Juanito”, con delitos de tráfico de drogas y conexos con armas. MILLAN está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes. Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales: ^[1]

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país. El Cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.

Los acusados ​​en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados ​​recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico. 

Según las acusaciones, los acusados ​​han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el notorio exlíder del Cártel, conocidos colectivamente como los “Chapitos”. Los acusados ​​han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos. Por ejemplo, Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados ​​han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, ZAAVEDRA, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.

Algunos de los acusados ​​también habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de 1600 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos. A cambio, MILLAN les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos. Alrededor de octubre de 2023, MILLAN presuntamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación.

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Esta acusación formal es la más reciente de una serie de acusaciones emitidas en este distrito desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluidos miembros de su cúpula directiva, por su participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y delitos conexos, lo que ha tenido un impacto significativo en las operaciones de narcotráfico del Cártel.

A continuación se muestra una tabla con los cargos y las penas mínimas y máximas que enfrenta cada acusado. Se cree que todos los acusados ​​residen actualmente en México.

Las penas mínimas y máximas establecidas por ley son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí únicamente con fines informativos, ya que la sentencia de los acusados ​​será determinada por un juez.

El Sr. Clayton elogió la destacada labor de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y del Gobierno de México. El Sr. Clayton también agradeció a las Fiscalías de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de California, y a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia.

El Sr. Clayton también agradeció al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una colaboración intergubernamental dedicada a eliminar los cárteles criminales, las bandas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

Esta acusación está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo del caso.

Los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.

Embajada de los Estados Unidos
Declaración del Embajador Ron Johnson

Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos

Ciudad de México, 29 de abril de 2026 – La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen.

Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos. Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos.