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* Se oponen a la propuesta de Kiko Vega y analizan interponer recursos legales contra los poderes Legislativo y Ejecutivo
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 03 de abril de 2019.- La reestructuración de la deuda pública propuesta por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y aprobada por 15 diputados locales, no presenta beneficio para las finanzas estatales, por el contrario incrementa la deuda 5 mil 918 millones de pesos, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila.
Flanqueado por cuatro presidentes de cámaras empresariales de Mexicali, el presidente del CCE dijo que están analizando interponer un recurso jurídico contra el refinanciamiento de la deuda, y contra la aprobación de la desalinizadora en Playas de Rosarito y el segundo piso en Tijuana.
Los empresarios están analizando interponer un juicio de lesividad o un amparo de nulidad por violar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, adelantó el empresario del rubro gasolinero.
LLantada Ávila, relató que la reestructuración de la deuda tendría un ahorro de 72.8 millones de pesos, pero constaría 295 millones de pesos, por lo que no constituye beneficio alguno.
El empresario explicó que la deuda actual es de 12 mil 526 millones de pesos, con lo que hasta el 2037 se pagaría de intereses 26 mil 225 millones de pesos; sin embargo, con la reestructuración aprobada por diputados panistas y priistas, la deuda se pagaría en el 2039 con un saldo total de 32 mil 143 millones de pesos, aseguró el presidente del CCE.
Se compromete la deuda dos años más sin beneficio alguno para la sociedad, por el contrario, con casi 6 mil millones de pesos más de deuda pública, recriminó.
Además, la aprobación de la desalinizadora y el segundo piso, se hicieron violando la ley interna del Poder Legislativo, pues ni siquiera estaban en el orden del día se la sesión extraordinaria del 28 de marzo pasado, refirió el empresario.
En esos dos proyectos de Asociación Público Privada (APP), los diputados no presentaron la opinión jurídica de la Auditoria Superior del Estado, dijo el líder de los empresarios organizados.
El proyecto de la desalinizadora costará 143 mil millones de pesos a pagarse durante 37 años, aseguró el empresario.
Aún más, el estudio de flujo vehicular presentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas para justificar la construcción del segundo piso de carretera a Playas de Tijuana, fue manipulado porque no es real ese aforo vehicular, indicó Llantada Ávila.
“Los diputados se condujeron sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y embargando los ingresos del estado para garantizar su pago, con esta decisión se comprometen las finanzas de Baja California por casi 40 años”, aseveró el presidente del CCE.
Además de anunciar el combate legal contra lo aprobado en el Congreso del Estado, “le pedimos al señor gobernador, que si de verdad es su intención cuidar las finanzas del estado, le de las herramientas al Consejo Consultiva Financiero para trabajar en el análisis de las finanzas públicas y en la construcción de soluciones a los problemas financieros que enfrenta Baja California”, sentenció el empresario.
