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* Para ello, diputada Victoria Bentley sugiere modificar el Código Penal del Estado
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B. C., sábado 8 de septiembre del 2018.- La diputada panista Victoria Bentley Duarte propuso, mediante Oficialía de Partes, reformar los artículos 326 y 328 del Código Penal de Baja California, con el propósito de castigar con mayor severidad a los servidores públicos que favorezcan la evasión de algún detenido, imputado o sentenciado.
“Al hacer un análisis e interpretación de los numerales antes mencionados, consideramos que en este tipo de conductas la participación de los servidores públicos debe ser castigada de manera ejemplar; es decir, las sanciones que se establezcan en el Código citado deben servir como una forma de prevención, ya que estas personas por su calidad misma de trabajadores del Estado, deben contribuir al fortalecimiento de las instituciones y no corromperse participando en conductas delictivas”, argumentó en su exposición de motivos la legisladora Bentley Duarte.
La presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura local agregó que el aumento en la sanción para los funcionarios, tiene razón de ser porque derivado de su calidad de servidores públicos, tienen acceso a instalaciones, sistemas, documentos, etcétera, que facilita cometer este delito, por lo que con ello se encuentran en ventaja si se compara con una persona que no tenga este carácter.
En ese sentido, la legisladora Victoria Bentley sugiere que a todos los servidores públicos que propicien la evasión, se les incremente la pena en una tercera parte y sean destituidos de su empleo, además de que se les inhabilite para obtener otro durante un período igual al de la pena impuesta. Esto, en virtud de que actualmente el Código Penal contempla la sanción únicamente para el servidor público encargado de conducir o custodiar al prófugo y no para todos los servidores público en general, sean o no los encargados de la custodia.
Asimismo, pretende que en el artículo 328 relativo a la agravación de la pena, se agreguen los conceptos señalados en el párrafo anterior para ampliar el alcance de la sanción penal a cualquier servidor público que participe, y no únicamente delimitarlo al servidor público que preste sus servicios en el establecimiento.
