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* Para los cargos de gobernador, presidente municipal y diputado local
Mexicali, B.C. martes 29 de agosto de 2017.-El diputado Job Montoya Gaxiola (MC), propuso en la pasada sesión ordinaria del Pleno, reforma al artículo 12 y se adiciona el 12 Bis a la Constitución Local, con el objetivo de revocar o ratificar el mandato a servidores públicos que ocupen los cargos de gobernador, presidente municipal y diputado local.
Montoya Gaxiola expresó: “El pueblo pone y el pueblo quita, se pretende que la ciudadanía tenga un recurso una vez electo el funcionario y cuente con la certeza de que va a cumplir; Si a la mitad del periodo, no ha realizado lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución, la ciudadanía puede evaluar y en su momento revocar el mandato o en consecuencia ratificar la función del servidor público”.
El inicialista detallo que el mandato será revocable, cuando este se realice por medio de una consulta pública, mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo para el cual fueron electos y podrá ejercerse a la mitad del periodo de ejercicio.
Agregó que los ciudadanos tienen derecho a votar este proceso una vez emitida la convocatoria por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, mismo que se encargará de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
Agregó que los ciudadanos tienen derecho a votar este proceso una vez emitida la convocatoria por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, mismo que se encargará de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
El congresista por movimiento ciudadano señaló que para el cargo del titular del Ejecutivo del Estado se realizará el mismo día de la jornada electoral federal y en el caso de Munícipes y Legisladores locales, se realizará en términos de lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.Precisó que con la revocación de mandato se refuerza el control popular sobre el gobierno, educa al electorado, estimula a los votantes a probar enmiendas constitucionales y prolongar los periodos de los mandatarios electos así como estimular la responsabilidad de los representantes populares con sus electores.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia
