La persona imputada permanecerá en prisión preventiva.
Por FGE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 18 DE JUNIO DE 2026.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Extorsión, obtuvo la vinculación a proceso de Andrea “N” y/o Erick Roberto “N”, por su probable participación en los delitos de extorsión y robo.
Durante la audiencia correspondiente, el Juez de Control consideró que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de la persona imputada, por lo que resolvió vincularla a proceso. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación, integrada mediante trabajos de campo, análisis de información y entrevistas a testigos, realizadas en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, Zona Mexicali, los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2026.
Las investigaciones establecen que, aproximadamente a las 02:40 horas, la víctima se encontraba en un departamento ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Misión de San Antonio, lugar donde la persona imputada presuntamente se apoderó, sin consentimiento de su propietario, de un teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 16 Pro Max, color gris, así como de mil 500 pesos y 120 dólares en efectivo.
Posteriormente, alrededor de las 12:00 horas del mismo día, la persona imputada habría utilizado el teléfono celular sustraído y la cuenta de Instagram de la víctima para enviar mensajes con fines de extorsión.
De acuerdo con la investigación, exigió la cantidad de 7 mil pesos a cambio de no difundir en redes sociales información relacionada con una supuesta relación personal sostenida con la víctima, así como imágenes y videos de carácter íntimo. Ante el temor de que su reputación e imagen pública resultaran afectadas, la víctima realizó un depósito por la cantidad de 5 mil pesos.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los bajacalifornianos, llevando ante la justicia a quienes resulten responsables.
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