* Por autoliquidación millonaria que pretenden otorgarse los magistrados
Por Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. 26 de junio de 2025.- El Poder Legislativo de Baja California, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una Controversia Constitucional contra el Tribunal de Justicia Electoral del estado (TJEBC).
Así lo informó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Manuel Molina García, quien también preside la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Previamente, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), interpuso una queja contra el tribunal local, porque los magistrados intentan autoliquidarse con más de cuatro millones de pesos al momento de dejar el cargo, basados en un contrato de condiciones generales de trabajo.
A juicio del diputado morenista, los magistrados electorales no tienen el estatus de trabajadores sino el equivalente a patrones, por lo que no tienen derecho a una liquidación, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
La primera acción fue interponer un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero este organismo jurisdiccional resolvió que no tenía competencia pues no se trataba de un asunto electoral.
Aunque el documento donde los magistrados pretenden autoliquidarse con más de 4 millones de pesos fue elaborado y signado en diciembre de 2024, en el Periódico Oficial del Estado fue publicado hasta el mes de junio de 2025.
Con la presentación de la Controversia Constitucional, los diputados solicitaron a la corte conceda una suspensión provisional, para que los magistrados electorales no puedan autoliquidarse, hasta en tanto la SCJN resuelva en definitiva el asunto.
Por tratarse de un asunto entre poderes, el Poder Ejecutivo estatal también puede recurrir a la Suprema Corte para combatir la pretensión de los magistrados electorales.
Además de la violación al artículo 79 de la constitución local, esa acción que atañe al presupuesto debió ser turnada al Poder Legislativo para su aprobación, pero eso no ocurrió, explicó Molina García.
Tampoco solicitaron la viabilidad presupuestal a la Secretaría de Hacienda de Baja California, agregó el legislador, como parte de las irregularidades que habrían cometido los magistrados electorales.
La semana pasada, durante la rueda de prensa mañanera de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, aseguró que había entablado diálogo con los magistrados sobre el tema de las autoliquidaciones.
Los magistrados electorales ganan más de 180 mil pesos mensuales, quien funge como presidente unos diez mil pesos más, cantidades que violan el artículo 127 de la Constitucional federal, donde expresamente se señala que ningún servidor público de cualquier nivel, debe ganar más que la presidenta de México.