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* La imputada celebró un contrato de venta sin contar con la autorización correspondiente.
Por FGE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 7 DE ENERO DE 2024.- La Fiscalía Regional de Mexicali presentó suficientes elementos de prueba para vincular a proceso a Irene “N”, quien está acusada por el delito de fraude.
El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, demostró que la imputada fue denunciada por la venta ilícita de dos inmuebles, de los cuales no tenía autorización para disponer.
En la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, el Juez de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada para Irene “N” y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
Es importante destacar que la vinculada está relacionada con varias carpetas de investigación por el delito de fraude. Irene “N” actuaba en co-autoría con Irais Yazmín “N”, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por su participación en diversos procesos legales en su contra.
El 16 de diciembre, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Colima, Irene “N” fue detenida en dicho estado, cumplimentando dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra por el delito de fraude.
Según los datos contenidos en la carpeta de investigación, el 13 de febrero y el 13 de diciembre de 2019, las imputadas Irais Yazmín “N” e Irene “N” recibieron de una víctima un pago total de $450,000.00 pesos, en sus oficinas ubicadas en la avenida Islas Fiji, en el fraccionamiento Jardines. A cambio, ofrecieron la venta de dos inmuebles, comprometiéndose a regularizarlos a nombre de la víctima, lo cual resultó ser un engaño, ya que las imputadas no tenían derecho sobre dichos bienes. No realizaron el trámite de regularización ni devolvieron el dinero entregado.
La Fiscalía General del Estado continúa fortaleciendo la persecución de delitos mediante métodos de investigación efectivos, con el objetivo de esclarecer los hechos y asegurar que los responsables sean procesados ante la justicia, sin dejar impunes los delitos que afectan la integridad de los bajacalifornianos.
