* Con la finalidad de que se dé debida diligencia en caso de ataques contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos; el punto de acuerdo derivó de propuestas presentadas por la diputada Michel Sánchez, los diputados Juan Manuel Molina y Ramón Castorena
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B.C., sábado 24 de febrero de 2024.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Poder Judicial del Estado (PJBC), al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California y a los Ayuntamientos, con la finalidad de que se dé debida diligencia en caso de ataques realizados en su contra.
El punto de acuerdo derivó de diversas propuestas presentadas por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende y los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Castorena Morales. Correspondió a la diputada Michel Sánchez dar lectura a la exposición de motivos y refirió que “los ataques, descalificaciones y crímenes en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos deben ser tema prioritario para todas las autoridades, pues son quienes toman un papel central muchas veces ante la omisión del estado en la función de informar a la sociedad, de realizar denuncias públicas y de defender los derechos de grupos que históricamente han sufrido algún tipo de vulneración”.
En el exhorto se solicita también a la FGE, PJBC, así como a las alcaldesas y los alcaldes, que se implementen capacitaciones para las y los servidores públicos con perspectiva de género para la atención de este hecho y otros ataques que han acontecido en la entidad. “Este llamamiento es para que estos casos no queden en impunidad, generando un efecto amedrentador para otros periodistas o defensoras de los derechos humanos”, indicó la legisladora inicialista.
En ese sentido la XXIV Legislatura del Estado emitió un atento y respetuoso exhorto a Ma. Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado (FGE) y al Presidente del PJBC, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, para que se incorpore el estándar de debida diligencia en el caso y se apliquen los mecanismos jurídicos necesarios para evitar la obstaculización y sin descartar ninguna línea de investigación respecto a los daños sufridos en el vehículo de la periodista Yolanda Caballero Jacobo, vinculados con la labor de la víctima.
Asimismo, se hace un atento y respetuoso exhorto al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, por conducto del Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, para que se analice la herramienta de evaluación de riesgo y el término para su análisis preliminar de riesgo y la emisión de la Medida Urgente de Protección.