* Para imponer sanciones más severas que inhiban a los servidores públicos a realizar violencia contra las mujeres
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B.C., miércoles 30 de agosto de 2023.- Para reforzar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California en materia de violencia de género, la diputada local Santa Alejandrina Corral Quintero, propuso iniciativa de reforma al artículo 57, imponiendo sanciones más severas que inhiban a los servidores públicos a realizar violencia contra las mujeres mediante cualquier acción, conducta u omisión.
Explicó que la presente iniciativa propone reforzar el marco legal estableciendo en la ley que: ¨incurrirá en “Abuso de funciones” la persona servidora o servidor público que realice por sí o a través de un tercero, además de las conductas relacionadas con la violencia política en contra las mujeres que ya contempla la ley de la materia, cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres previstos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California¨.
Agregó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California en su artículo 57 sólo reconoce como responsabilidad administrativa de naturaleza grave bajo el concepto de “Abuso de Funciones” a la violencia política en razón de género, al reducirlo únicamente a lo que dispone el artículo 11 TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.
Destacó que con estas modificaciones que se proponen, incurrirá también en abuso de funciones la persona servidora pública que cometa violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, digital, mediática, vicaria, familiar, laboral y docente, hostigamiento sexual y acoso sexual, institucional, en comunidad y feminicida.
Indicó que resulta fundamental señalar que la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no es una ideología, se trata de los derechos humanos de las mujeres, por lo que las personas servidoras públicas en todos los niveles están obligadas a respetar y promover estos derechos.