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* Considera nuevos supuestos como agravantes; la extorsión se ha incrementado de forma alarmante, y su diversificación hace que su persecución y sanción sea compleja
Por Congreso del Estado
Mexicali, B.C., viernes 18 de agosto de 2023.- El diputado Miguel Peña Chávez presentó ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado proyecto de reforma al Código Penal de B.C. con la intensión de incorporar otras modalidades como agravantes en el delito de extorsión, para clarificar al juez al momento de imponer la pena.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año 2022, revelan que el delito de extorsión en México representó una tasa de 5,438 por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce como el segundo delito con mayor incidencia, seguido del fraude.
Al respecto Miguel Peña dijo que acabar con este ilícito es un gran reto, pues toma diversas formas que no siempre son fáciles de reconocer y combatir, “no solo extorsionan particulares, sino también el crimen organizado, con cobros de cuotas, los líderes sindicales, funcionarios que cobran por hacer trámites burocráticos o por servicios públicos”.
Refirió que la extorsión es un tipo de delito que se ha incrementado de forma alarmante, y la diversificación del mismo hace que su persecución y sanción sea compleja.
Cabe destacar que el Código Penal del Estado actualmente contempla el agravamiento en los casos donde el delito es cometido por asociación delictuosa, por un miembro o exmiembro policial, por realizarlo a un apersona menor, con discapacidad o adulta mayor y por un servidor público.
En razón de lo anterior el inicialista considera incorporar los siguientes supuestos: donde se utiliza a un tercero, cuando se comete a personas migrantes o indígenas, los provenientes de alguna cárcel del Estado, donde se involucra personal con acceso a base de datos personales, cuando se emplea algún tipo de arma, aquellos en donde existe relación laboral cercana, y cuando autoridades policíacas o servidores públicos, comenten actos de corrupción o cobro de piso.
“Con la reforma se pretende ayudar al juzgador a que exista la proporción y razonabilidad adecuada entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, el daño patrimonial, y la posibilidad de que sea individualizada y agravada la pena, según corresponda”, concluyó el legislador Peña Chávez.
