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* Si los vinculan a proceso deberán llevar proceso penal en la cárcel
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- 18 de mayo de 2022.- La Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó la investigación penal en contra del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y nueve de sus principales funcionarios.
El fiscal estatal, Iván Carpio Sánchez, informó que para la autoridad investigadora los ex funcionarios cometieron delitos de corrupción, en modalidad de peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del gobierno de Baja California.
Con esto, el ex gobernador y sus ex funcionarios están en calidad de imputados por delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, es decir, llevarían su proceso penal dentro de la cárcel.
Este martes 17 de mayo, la fiscalía solicitó al Poder Judicial dé fecha y cite a los imputados para desarrollar la audiencia de vinculación a imputación, en su momento la de vinculación a proceso.
Además de los ex funcionarios, la carpeta de investigación con el Número Único de Caso (NUC) 0202-2022-06977, incluye como responsables coautores de forma dolosa, a dos representantes de la empresa Next Energy.
Entre los funcionarios imputados, están los ex secretarios del Agua, Salomón Faz, de Hacienda, Adalberto González y Rodolfo Castro, además del ex secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
El actual gobierno encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó denuncia penal contra el ex gobernador, por el contrato que realizó para construir una planta fotovoltaica, contrato leonino que perjudica los intereses del estado de Baja California, según determinó el equipo de la gobernadora.
El proyecto no se realizó porque la empresa no tenía los permisos federales, pero aun así, el acuerdo con Bonilla es que el estado debe pagar de indemnización más de 12 mil millones de pesos, situación en la que no está de acuerdo la gobernadora Ávila Olmeda, y por eso denunció penalmente y sostiene un litigio con la empresa y el Banco Afirme.
En enero pasado, derivado de un fideicomiso, la Banca Afirme retuvo 123 millones de pesos de participaciones federales para Baja California, dinero que el banco no ha regresado a las arcas públicas.
