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Fiscalía imputa delito de peculado al ex gobernador Kiko Vega

Foto: Luis Arellano

*      Judicializó el expediente y está en manos del juzgado

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – 23 de septiembre de 2021.- Más de 20 meses después de que el secretario de gobierno interpuso una denuncia penal contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la Fiscalía General del Estado determinó ejercer acción penal por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Radicado el caso en el Poder Judicial, ahora el juez de control deberá citar a una audiencia al gobernador, además de quien fuera su Secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.

Se trata del Número Único de Caso (NUC) 0202-2019-42685, por el probable desfalcó a las arcas públicas por 1 mil 230 millones 005 mil 344 pesos, según resultado de una auditoría realizada por el actual gobierno, denuncia presentada el 19 de noviembre de 2019.

Esta investigación es la misma que se sigue a otros ex funcionarios que participaron en la gestión de Vega de Lamadrid, entre ellos el Oficial Mayor, coordinador de gabinete, Secretario de gabinete, subsecretarios y directores.

Estos ex funcionarios desde junio pasado llevan su proceso ante el juzgado, y el próximo 12 de octubre tendrán su siguiente audiencia.

La audiencia inicial de formulación de imputación de tres de los ex funcionarios fue el viernes 11 de junio de 2021, pero dos de los acusados solicitaron más tiempo para poder contratar a un abogado particular.

El juez Gerardo Aceves Salazar concedió la petición, pues el expediente a estudiar es de cinco cajas, por lo que difirió la audiencia para octubre.

A los ex funcionarios y ahora también a Vega de Lamadrid y Hernández Díaz, se les acusa de peculado y abuso de autoridad por pagos y contrataciones hechas a “empresas fantasmas”, también por pagos hechos con facturas falsas o canceladas.

La denuncia presentada por el gobierno del estado, establece irregularidades en compras a 91 proveedores.

La judicialización de la carpeta de investigación se dio una vez que la fiscalía recibió la información requerida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trámite que se retrasó debido a la pandemia.

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