* Cometieron el delito de coalición de servidores públicos, aseguran
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- 28 de mayo de 2020.- Los ex diputados y actuales diputados que aprobaron fallidamente el incremento de la gubernatura de dos a cinco años, la mañana de este jueves fueron demandados penalmente por el delito de coalición de servidores públicos.
Así lo dio a conocer el representante del Colectivo Proyecto 2021 Baja California, Carlos Atilano Peña, quien también es coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes e integrante del Colegio de Abogados de Tijuana.
El abogado dijo que la demanda interpuesta tiene sustento en los argumentos que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucionalidad la denominada “ley Bonilla” el pasado lunes 11 de mayo.
Los magistrados mencionaron que, en su conjunto, la reforma para incrementar el periodo de mandato, fue un intento de fraude a la constitución, recordó Atilano.
“Nos dimos a la tarea de hacer un examen exhaustivo, y llegamos a la conclusión de que hay un delito muy en específico, que contempla el Código Penal del Estado, que se denomina coalición de servidores públicos”, aseveró el integrante de Colectivo Proyecto 2021.
Ese delito está sancionado con una pena de 2 a 7 años de prisión, además de la inhabilitación de los funcionarios públicos para que no puedan ocupar un puesto en el gobierno.
La denuncia incluye a cuatro diputados que actualmente forman parte de la Legislatura, incluso los nuevos diputados también podrían ser citados a declarar pues ellos promulgaron la reforma, y hasta realizaron una consulta popular con la intención de legitimar la “ley Bonilla”, mencionó Atilano Peña.
El abogado consideró que una exhaustiva investigación podría involucrar tanto al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, como al actual Jaime Bonilla Valdez, pues éste último sería beneficiario directo.
Agregó que tienen desconfianza hacia la Fiscalía General del Estado, porque el titular Guillermo Ruiz Hernández, de alguna forma fue partícipe en esa reforma fallida.
La denuncia fue presentada con el anexo de 500 firmas de ciudadanos que exigen castigo a quienes intentaron cometer fraude a la constitución, indicó Atilano Peña.