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COLUMNA SIN NOMBRE
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. “A confesión de partes relevo de pruebas”, no hay mucho que indagar, el ex diputado local Rosendo Colorado García, recibió dinero para favorecer a empresas prometiendo contratos en el gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdez.
El dinero se lo dio a dos funcionarios que pidieron licencia cuando se hizo público el hecho de corrupción: Cynthia Gissel García Soberanes, Secretaría de Bienestar, y Jesús Demian Núñez Camacho, Oficial Mayor.
Los “donativos” que alcanzan 25 millones de pesos, supuestamente fueron para realizar obra, como techado habitacional a los damnificados por los incendio forestales, o entregar apoyo a gente necesitada, relató el ex diputado priista.
En una entrevista concedida al periodista Jaime Delgado Gaxiola, publicada en video en el portal de noticias Periodismonegro.mx., el responsable de recibir el dinero explicó el modus operandi.
Relató que después del triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura de Baja California, la Secretaria de Bienestar le notificó del programa Gente Como Tú, que a su vez daba pie a la creación del Voluntariado con Bonilla, que era pedir a empresarios donaciones para ayudar a gente necesitada.
El ex diputado contactó a empresarios porque, a su decir, pensaba que el gobernador Bonilla Valdez, conocía de los acuerdos. De una persona recibió 20 millones de pesos, dinero que estaba condicionado a que le otorgaran un contrato de alimentos para los presos en cárceles del estado.
Según su relato, para alimentar diario a cada reo el gobierno pasado pagaba 64 pesos, y el acuerdo con el empresario donante era que debía ofertar un mejor precio, es decir 50 pesos por cada reo.
En la licitación a sobre abierto, estuvo presente el gobernador Bonilla Valdez, y para sorpresa del operador de las donaciones, el contrato no fue otorgado a la empresa con la que pactó. Ahí empezaron los desacuerdos y pidió el dinero de regreso.
Para nadie es un secreto, que para los corruptos, las licitaciones supuestamente transparentes y públicas, están acordadas para darle el gane a quien ofreció los moches o ayudó con dinero en campañas.
Colorado García dice que fue a platicar con el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, pero éste le dijo que le pidiera ese dinero a quien se los había entregado.
Los empresarios donadores le exigieron el dinero de regreso, refirió Colorado García, pero la secretaria y el Oficial Mayor sólo le regresaron 16 millones de pesos, faltando otros 9 o 10 millones más.
Luego, gente del propio gobierno filtró a medios de comunicación conversaciones de whatsapp y un audio que sostuvo Colorado García con la secretaria García Soberanes, ahí hablaban de cantidades de dinero en dólares.
Antes, al interpretar que lo querían dejar sólo en el negocio ilegal, el propio implicado en recibir los moches acudió a denunciar a la Secretaría de Honestidad y Función Pública y narró su versión.
El secretario de gobierno divulgó un video donde niega que haya acordado un contrato a cambio de moches, ahí dijo que la secretaria había caído en coma y calificó de “supuesto colaborar” y “gente de muy mala fama”, refiriéndose a Colorado García.
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, duda que el gobernador Bonilla Valdez, no haya estado enterado de las donaciones millonarias y el compromiso por recibirlas.
Por el delito de cohecho, el pasado viernes 29 de noviembre el PAN denunció a la secretaria García Soberanes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Un asunto positivo atribuido al nuevo gobierno, se convierte en una opción de impunidad al crear un vacío legal.
Es correcto que un candidato, en plena campaña electoral, diga quienes serán sus funcionarios de gabinete en caso de ganar la elección.
Lo negativo es que una vez ganando la elección, a sabiendas que dentro de cuatro meses asumirán un cargo en el gabinete, soliciten donaciones de cualquier tipo, independientemente que sean para una buena causa. Es ahí cuando se fraguaron los compromisos y hasta la entrega de dinero.
Pero resulta que quien recibió el dinero no tuvo nombramiento oficial y, además, cuando entregó el dinero de los moches a quien dijo que lo hizo, no tenían un cargo público, no eran funcionarios.
El Código Penal de Baja California, en su artículo 296 especifica el delito de cohecho.
Comete ese delito “el servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
Por lo pronto, a menos de cumplir un mes del gobierno que usa de bandera el combate a la corrupción, ya cayeron dos integrantes del gabinete central, precisamente acusados de corrupción.
01 de diciembre de 2019
