Columna: SIN NOMBRE
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la inconstitucionalidad de la reforma extemporánea que amplía el periodo de la próxima gubernatura en Baja California. Será de dos años y no más, pues “no está el horno para bollos”, lo contrario sería “alborotar la bitachera” que a nadie conviene.
El hecho le dejará una lección política y de vida al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien sin asumir el cargo ya inició con una mancha atribuible a las pasiones humanas, la soberbia y la ambición no son buenas consejeras. Tampoco sus asesores.
Al gobernador Francisco Vega de Lamadrid significará comodidad con la designación del Auditor Superior del Estado, justo en la sesión de pleno donde los diputados incrementaron de dos a cinco años el periodo de la próxima gubernatura.
El caso de Baja California pone en la mira al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no puede hacerse el desentendido en la pretensión de su amigo Bonilla Valdez; incluso el Poder Ejecutivo federal debe interponer un recurso para combatir la pretensión que transgrede el espíritu democrático y la constitución de la república.
Incluso, una de las banderas políticas del presidente, el combate a la corrupción, queda en entredicho porque hay testimonios de ofrecimiento de dinero para que el diputado presidente convocara a la sesión extraordinaria que finalmente terminaría en la ampliación del mandato. Lo dijo el propio diputado presidente Benjamín Gómez Macías; semanas después convocó a la controvertida sesión del lunes 8 de julio.
“Yo no soy un ambicioso vulgar”, ha repetido en múltiples ocasiones el presidente López Obrador, pero no puede hacerse el desentendido ni fingir amnesia para ordenar una investigación por el probable delito de cohecho, acción penal que él mismo se encargó de elevar a delito grave y prisión preventiva de oficio, hace apenas unos meses.
El hecho será combatido por varias vías legales, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la demanda de amparo promovida por algún ciudadano.
En la cualidad de intención inusitada, los ministros de la Suprema Corte y si es necesario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),deberán aludir a los principios generales del derecho y la supremacía del Pacto Federal sobre acciones inconstitucionales de las Entidades Federativas.
Dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden ser torales para desestimar los argumentos jurídicos que alegan quienes promovieron la reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 publicado el 17 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado; el 41 y 105 constitucionales.
Pero antes de entrar a la parte leguleya, comentaremos los antecedentes del hecho controversial.
El 10 de febrero de 2014, el constituyente de la federación ordenó mediante reforma al artículo 116 de la Carta Magna, que por lo menos una de las elecciones estatales fueran concurrentes con alguna de las federales.
Por esa razón, los diputados de Baja California aprobaron por unanimidad que la elección a gobernador, munícipes y diputados locales en 2019, tendrían una duración de 2 años para empatar los comicios estatales con la elección federal intermedia de 2021. Lo mismo hicieron en Puebla y Veracruz, Estados quienes ya tuvieron una gubernatura de dos años.
Fue hasta 2018, que integrantes del colegio de abogados de Tijuana, “Emilio Rabasa”, exhortaron públicamente para que los diputados reformaran el artículo octavo transitorio del decreto 112, y ampliaran la próxima gubernatura de dos a seis años.
Incluso presentaron la iniciativa en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para lo que antes se acercaron al diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Morán Hernández, quien el 15 de octubre declaró que los dos diputados de ese partido apoyaban la propuesta.
Hasta que el 25 de octubre de 2018, la joven diputada priista, Patricia Ríos López, presentó ante el congreso la iniciativa de reforma en mención.
La diputada es identificada con el grupo político que encabeza el ex candidato a la gubernatura Fernando Castro Trenti, quién tras perder la elección en 2013, el ex presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Embajador de México en Argentina y posteriormente en Suiza.
En plena campaña electoral del 2019, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunció a ese partido para sumarse al proyecto del morenista Bonilla Valdez.
Cuando la diputada Ríos López presentó la iniciativa de reforma, varios de sus compañeros priistas, entre ellos Benjamín Gómez Macías, –a la sazón coordinador de la fracción parlamentaria del PRI–, comentaron que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), había emitido una opinión técnica del tema, en la que los abogados del congreso decían que era inviable por extemporánea.
Ese mismo diputado priista fue quien denunció en rueda de prensa, el 31 de mayo de 2019, que siendo presidente del Congreso del Estado recibió un ofrecimiento de soborno por un millón de dólares, a cambio de convocar a una sesión para que antes del día de la elección, pudieran ampliar de dos a cinco años el periodo de la gubernatura.
El mismo diputado Gómez Macías, ya con una victoria contundente y total de los candidatos de Morena o sus aliados, convocó a sesión extraordinaria el pasado 8 de julio y los legisladores reformaron la constitución ampliando el mandato.
Evidentemente la intención de Jaime Bonilla Valdez y sus asesores, era que esa acción legislativa fuera antes del 2 de junio, pero no pudieron hacerlo.
Antes, el 23 de enero de 2019, la militante del partido Morena, Blanca Estela Favela Dávalos, presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), un recurso de nulidad contra la reforma constitucional que redujo a dos años el próximo periodo gubernamental.
La mujer dijo que presentó esa demanda a título personal pues era su intención competir como precandidata a la gubernatura de Morena.
Favela Dávalos fue representante de su partido ante el IEEBC, además de ser esposa del diputado Víctor Morán Hernández, quien a la postre fue quien presentó y leyó la iniciativa de reforma ese 8 de julio pasado.
Pero para que la aspiración a candidata a gobernadora fuera sustentada y legitimada ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), el partido Morena tuvo que remitir un documento ante el IEEBC, en el que reconocían la posibilidad de tener más de un precandidato a la gubernatura. Esto último lo denunció Jaime Martínez Veloz.
La inconformidad del arquitecto era simple, pues a él y otros aspirantes a la candidatura, el delegado y presidente estatal en funciones, Leonel Godoy Rangel, les dijo que una encuesta le daba ampliamente la ventaja a Bonilla Valdez, por lo que sería candidato de unidad y así lo registraron ante el órgano electoral el 21 de enero.
La persistente intención había pasado al Tribunal Electoral del estado, al grado de que los magistrados Jaime Vargas Flores y Leobardo Loaiza Cervantes, le concedieron la razón a la abogada Favela Dávalos, por lo que ordenaron al IEEBC incluyeran una adenda y estipularan que la próxima gubernatura duraría cinco años. La magistrada presidente, Elva Regina Jiménez Castillo, votó en contra porque la sentencia de sus compañeros violentaba los principios de legalidad y certeza, además de que los magistrados estaban excediendo sus facultades porque estaban legislando.
Claro que los partidos políticos impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que los magistrados revocaron la actuación que por mayoría el tribunal electoral de Baja California había resuelto.
En esa primera resolución de los ministros, hubo quienes entraron a la discusión de fondo pues alegaron que el artículo 105 de la constitución se había violentado, específicamente donde dice que:
“Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Otros magistrados también revocaron la impugnación de la militante morenista, pero sin entrar al análisis de fondo porque el plazo para presentar esa inconformidad había fenecido, según los magistrados.
El caso es que el proceso electoral inició el 9 de septiembre de 2018, y para que una reforma de índole electoral tuviera legalidad y vigencia, debió haberse publicado antes del 10 de junio de 2018.
Los abogados que asesoran al gobernador electo, aseguran que modificar de dos a cinco años un periodo de gubernatura, no representa “modificaciones legales fundamentales”.
Así tendrán que demostrarlo ante la SCJN y el TEPJF los abogados de Bonilla Valdez, entre ellos quien será secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, Guillermo Ruiz Hernández y el político conocido porque gana perdiendo, Fernando Jorge Castro Trenti.
Tal vez mirarse al espejo les hace pensar que todos somos tontos, así nos consideran esas personas a los ciudadanos de Baja California.
No obstante la resolución de los magistrados electorales federales, Bonilla Valdez, ahora sin alfil y a su nombre como candidato a la gubernatura de Baja California, presentó otro recurso al tribunal local para ampliar la siguiente gubernatura. De nueva cuenta los dos magistrados locales le dieron la razón, y el 6 de mayo resolvieron ampliar la gubernatura, por lo que los partidos presentaron el recurso ante el TRIFE, y esta vez sin alegatos, el 29 de mayo, por unanimidad revocaron lo estipulado por los magistrados de Baja California y quedó la gubernatura de dos años.
Tres días después se realizó la elección constitucional en la que Morena se llevó “carro completo”; gubernatura, los cinco ayuntamientos y las 17 diputaciones por el principio de mayoría relativa.
Ya como gobernador electo, incluso con la constancia de mayoría que le entregó el IEEBC el 11 de junio, Bonilla Valdez recurrió al tribunal federal electoral para solicitar la ampliación de la gubernatura que ya había ganado, pues alegó que se le violentaron sus derechos políticos electorales.
Los magistrados federales no admitieron el recurso porque el gobernador electo se brincó al tribunal local, por lo que lo remitió al TJEBC y hasta el momento no se ha resuelto ese recurso.
Hasta ahí un argumento fuerte de los contrarios a Bonilla Valdez, era que los magistrados del Poder Judicial estaban excediendo sus facultades porque estaban legislando, lo que le corresponde únicamente al Congreso del Estado.
El PAN y cámaras empresariales, interpusieron demanda de juicio político contra las resoluciones de los magistrados Vargas Flores y Loaiza Cervantes.
El 8 de julio de 2019
El 8 de julio de 2019, la intención corruptora de Bonilla Valdez trastocó al Poder Legislativo incluyendo a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), según espetó el dirigente estatal de ese partido, José Luis Ovando Patrón.
Con 21 votos a favor y una abstención, reformaron el artículo octavo transitorio del decreto 112 publicado el 17 de octubre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, por lo que decidieron que la próxima gubernatura fuera de cinco años y no de dos.
Fueron cinco votos del PRI, uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano (MC), uno más del Partido del Trabajo (PT), otro de Transformemos y nueve del PAN.
Sin escuchar un exhorto del Congreso de la Unión, los diputados de la XXII Legislatura declararon la validez de la reforma el 23 de julio pasado; previamente los Ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, habían respaldado la modificación a la constitución.
Fue una sesión extraordinaria convocada en el palacio municipal de Rosarito, sin la presencia de los medios de comunicación ni ciudadanos, ilegal dijeron los diputados que no están de acuerdo.
En esa sesión del 8 de julio, los diputados también designaron a Carlos Montejo Ocegueda, quien será Auditor Superior del Estado los próximos siete años; ese mismo día los diputados le tomaron protesta y ya despacha en ese cargo.
Los consejeros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentaron una demanda de amparo porque, –aun cuando la constitución local les confiere ese derecho–, no fueron tomados en cuenta en la evaluación de los nueve aspirantes al cargo.
El mismo funcionario ocupó el cargo como encargado de despacho, y según los consejeros del SEA, es una “auditor carnal” que no representa contrapeso para el trabajo encomendado, pues anteriormente avaló asuntos sin viabilidad financiera ni técnica propuestas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
El gobernador Vega de Lamadrid, aun cuando está en posibilidad de interponer la controversia constitucional en el momento procesal actual, optó por recurrir a la SCJN hasta que el Poder Legislativo ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Contrario a esa postura, el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, ya interpuso la controversia constitucional incluso con la no admisión del tribunal, va por el recurso de reclamación.
El asunto es que la próxima legislatura de mayoría morenista empieza funciones el primero de agosto próximo, la presidencia municipal el primero de octubre y la gubernatura el primero de noviembre. Todos de gobierno de Morena que no garantizan la continuidad del recurso ante la Suprema Corte.
Los diputados actores a favor, han manifestado que si ellos no tienen la verdad, la Suprema Corte resolverá, y tienen razón pero desde un principio lo sabían.
Sin embargo, los principios generales del derecho establecen que “el desconocimiento de las leyes no exime de la responsabilidad de cumplirlas”, ni “se puede alegar en beneficio la propia torpeza”, lo que configura una probable actuación dolosa de los legisladores aprovechándose del cargo público para obtener un beneficio particular, los diputados de la XXII legislatura habrían cometido un delito grave, de esos que no tienen libertad bajo caución.
En su denuncia pública del 29 de mayo, el diputado presidente Gómez Macías, dijo que les habían ofrecido dinero y cargos públicos a cambio de modificar el plazo gubernamental; dio nombres: Ricardo Peralta, subsecretario de gobernación, y Alejandro Viramontes, administrador de la aduana en Mexicali.
El discurso de combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador queda en el plano de las palabras huecas, o que aplica la ley a los adversarios, pero no a los de su partido político.
Hablar de “dientes para afuera”, con falsedad. El presidente de México, gracias a su amigo Jaime Bonilla está en la mira.
El Poder Ejecutivo federal tiene facultades para contravenir una acción que viole el pacto federal, López Obrador no lo está haciendo, incluso con circunloquio doloso, pues si bien es cierto la reforma la aprobaron diputados diferentes a su partido, hay un agente corruptor que debe ser investigado, y de eso, no dice nada.
En el plano constitucional, además del artículo 105 de la Carta Magna, la actuación de los legisladores violenta el numeral 41, y eso debe ser combatido institucionalmente por el presidente López Obrador.
El 41 constitucional establece que “la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”.
Alegar la soberanía de las entidades federativas, se contrarresta con el mismo artículo que dice que las leyes estatales “en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.
Los representantes populares, los diputados, no son quienes deciden en las elecciones libres y AUTÉNTICAS, eso lo hacen los ciudadanos mediante el sufragio efectivo, no reelección, no ampliación.
En el espíritu liberal, para fortalecer la república y la democracia, la pretensión del partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dista mucho de la legalidad y la congruencia.
28 de julio de 2019