* Son designados por la cámara de Senadores, pero hay dudas de qué autoridad podría sancionarlos
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 23 de mayo de 2019.- Existen dudas en el procedimiento legal para poder sancionar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), reconoció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller.
En conjunto con los presidentes de los centros empresariales de Ensenada y Tijuana, presentaron ante el Congreso del Estado una solicitud de Juicio Político contra los magistrados electorales Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores.
Los empresarios sostienen que los dos funcionarios han actuado con parcialidad, al otorgar la razón jurídica y modificar el periodo de duración del próximo gobierno del estado.
Específicamente al conceder la razón al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en el recurso legal para alargar primero a cinco años, y después a seis el periodo de duración del Poder Ejecutivo próximo.
Según el presidente de Coparmex en Mexicali, el Congreso del Estado deberá remitir al Congreso de la Unión la solicitud de Juicio Político contra los magistrados locales, pues son los diputados federales los que tienen facultad de sancionarlos.
Sin embargo, Elorduy Blackaller reconoció que hay diferentes opiniones entre los abogados, además de no saber si los diputados locales deben aprobar en el pleno el documento, para así remitirlo al Congreso de la Unión.
Los empresarios sostienen que el empate de las elecciones es un mandato de la constitución federal, situación que fue atendida hace cuatro años por el Poder Legislativo de Baja California al decidir que el próximo periodo de gobierno estatal fuera de dos años, es decir de 2019 al 2021.
Contradecir lo establecido por el Poder Legislativo local, rebasa las facultades que están atribuyéndose los dos magistrados electorales, exponen los empresarios en el documento entregado a los diputados.
Hasta hace unos años, –siendo el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) parte de la estructura del Poder Judicial de Baja California– el Consejo de la Judicatura local y los diputados también locales tenían la facultad de sancionar a los magistrados electorales.
Al obtener el TJE la autonomía del Poder Judicial, y ya no ser designados los magistrados electorales por los diputados locales sino por los Senadores de la República, esa facultad sancionadora se perdió.
En el mismo sentido de intención para sancionar a los dos magistrados, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, en su momento dijo que el canal para castigar a los señalados era el Consejo de la Judicatura Federal, luego expresó que interpondrían un recurso, pero ante el Senado de la República, pues es esta instancia las que los designa.
Sin embargo, en su más reciente visita a Mexicali, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, indicó que ese recurso para sancionar a los magistrados lo debían presentar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.