* En beneficio de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los municipios; el inicialista es el diputado Marco Antonio Corona
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B. C., lunes 1 de abril del 2019.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso una reforma que modifica y adiciona las fracciones I, II, III y IV al artículo 142 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (Lsctspembc), con la finalidad de dotar al Tribunal de Arbitraje de medidas de apremio más fuertes, para hacer que los funcionarios públicos cumplan con mayor celeridad sus resoluciones.
Lo anterior, puntualizó el legislador, para lograr con éxito que se restituyan de manera inmediata los derechos obtenidos por aquel trabajador y cuyas prerrogativas laborales fueron violentadas.
En ese sentido, con dichas modificaciones a la Lsctspembc el artículo 142 establecerá lo siguiente:
“El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones podrá hacer uso de los medios de apremio en el orden siguiente: I. Requerimiento; II. Multa hasta por doscientas Unidades de Medida y Actualización, que podrán ser aplicadas hasta por tres ocasiones, de forma ascendente, siempre mayor a la primera decretada; III. En caso de persistir con la omisión, el Tribunal decretará la suspensión temporal del cargo de servidor público de uno a quince días sin goce de sueldo, hasta por dos ocasiones, y; Destitución del servidor público”.
En su exposición de motivos, Corona Bolaños Cacho explicó que los medios de apremio son medidas coercitivas que tiene una autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Arbitraje, para lograr el cumplimiento de sus determinaciones.
Agregó que, actualmente, la Ley del Servicio Civil del Estado contempla una multa de hasta sólo 12 salarios mínimos, es decir mil 14 pesos, para obligar al patrón, en este caso el Estado o municipios, a cumplir las resoluciones del Tribunal de Arbitraje, por lo que propone cambiarla hasta por la cantidad de 16 mil 900 pesos, además de plantear la suspensión o destitución del funcionario que no las cumpla.