Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 12 de julio de 2018.- Es necesario que la autoridad acelere la investigación contra presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración municipal de Jaime Díaz Ochoa, indicó el integrante de Comunidad Baja California Resiste, Fernando Rosales Figueroa.
El abogado de la agrupación recordó que el 28 de marzo de 2017 presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero el actual gobierno municipal “no ha proporcionado la información requerida, estamos a más de un año y medio donde todavía hay información pendiente por presentar”, expuso el ciudadano inconforme.
Por esta razón, el grupo Comunidad Baja California Resiste entregó un oficio en la oficina del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez y solicitaron una audiencia con el edil mexicalense.
Rosales Figueroa comentó que hay omisiones en las cuentas públicas de 2014 y 2015, observadas por el órgano de fiscalización por varios millones de pesos.
La denuncia ciudadana comprende delitos de peculado, abuso de autoridad, negociaciones ilícitas y coalición de servidores públicos, por lo que es necesario que la investigación concluya para saber si hubo o no actos de corrupción durante el XXI Ayuntamiento, refirió al también integrante del colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho.
Uno de los asuntos a investigar son los contratos otorgados a la empresa RACOTA, pues hasta el momento no ha habido sancionados ni penal ni administrativamente, aseveró el denunciante.
El abogado destacó que en esa empresa señalada tienen relación el actual diputado Job Montoya Gaxiola y el regidor Ramón Adrián Marín Cota.
Arguyó que si es verdad que la autoridad quiera acabar con la corrupción y la impunidad, la transparencia y rendición de cuantas debe ser una realidad sancionando “a quien tiene que ser sancionado”.
Agregó que “lo que nosotros queremos es que el presidente municipal y todo el cabildo, coadyuve con el ministerio público en la correcta investigación para esclarecer el hecho que el presunto o los partícipes no queden impunes y se repare el daño, no es correcto que se quede esto impune”.
La fiscalía sí ha pedido información a la sindicatura pero ha habido resistencia por parte del ayuntamiento al no proporcionar toda la información, aseguró el abogado.