* Aseguró que la resolución de un juez de distrito no significa que deba revisarse otra vez y, mucho menos, aprobarse
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B. C., viernes 6 de julio del 2018.- El diputado Andrés de la Rosa Anaya calificó como incorrecta la información vertida en algunos medios de comunicación y en redes sociales por personas que, en su momento, impulsaron la iniciativa denominada “Sin Voto no hay Dinero”, en donde se asegura que una resolución del Poder Judicial obliga al Congreso local a dar trámite legislativo a dicho documento.
El también presidente de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso señaló que le parece muy delicado esparcir ese tipo de declaraciones, ya sea con intención o resultado de una confusión.
Indicó que la resolución dada por un juez de distrito ordena que el Poder Legislativo dé respuesta del dictamen que, en su momento, se aprobó en materia electoral, y en la cual la iniciativa “Sin Voto no hay Dinero” fue dictaminada, resolviéndose su improcedencia jurídica por contravenir disposiciones electorales federales.
Agregó que eso en ningún momento significa que deba revisarse otra vez la iniciativa y, mucho menos, aprobarse.
“El Congreso del Estado solo debe cumplir con el derecho de petición que reclamaron unos cuantos ciudadanos; es decir, darles información sobre la reforma electoral que se realizó en junio pasado, la cual puede ser por escrito. Lo demás que se ha venido ventilando por algunos actores ha sido información falsa, pero desconozco las razones en específico para hacerlo”, destacó De la Rosa Anaya.
El legislador mexicalense recordó que cuando se efectuó un análisis de la iniciativa denominada “Sin Voto no hay Dinero”, junto con otras impulsadas por diversos ciudadanos, fue considerada legalmente improcedente tanto por los diputados como por el área de Consultoría Legislativa del Congreso, e incluso por la ciudadanía organizada.
Andrés de la Rosa dijo que se espera que, en los próximos días, el Poder Legislativo local emita la respuesta para atender lo ordenado por la instancia jurisdiccional.