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* Propone reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B. C., jueves 19 de abril del 2018.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho propuso una iniciativa que adiciona el artículo 10 Bis a la Ley de Desarrollo Social de Baja California, misma que plantea el diseño, programación y presupuestación de políticas públicas que tengan por objeto el reconocimiento, respeto, goce y protección de los derechos humanos de las personas en situación de calle, en virtud de los principios de igualdad y no discriminación.
En su argumentación, explicó que la población callejera es un grupo social diverso conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones, que son objeto de discriminación por parte de las autoridades, así como por la sociedad en general.
Corona Bolaños Cacho dio a conocer que en Baja California, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (Coneval), en 2016 el 22.2 por ciento de la población vivía en situación de pobreza, de la cual un 5.4 por ciento de las personas tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y un 29 por ciento de la población un ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que, aseveró el legislador, puede contribuir al incremento de personas en situación de calle, más aún, si se considera el flujo migratorio.
“Esta realidad nos obliga a tomar medidas con la finalidad de restituir a dicho sector en el goce de sus más elementales derechos, como son el derecho a la justicia, a una vida libre de violencia, a la identidad, así como el acceso a servicios de salud, de educación, entre otros, que faciliten su reconocimiento e integración social, lo cual exige la conjunción de esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios con el propósito de atender esta situación desde una perspectiva integral”, justificó el legislador.
Por otro lado, agregó que entre los principales obstáculos que restringen el libre y completo goce de derechos humanos de las personas en situación de calle, destacan: la sociedad aún no reconoce a las poblaciones callejeras como sujetos de derechos en igualdad de condiciones; y las representaciones sociales todavía les miran y tratan como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y violencia tanto del Estado como de la población en general.
Además de que las acciones y programas gubernamentales basados en la discriminación tutelar, tratan a estas poblaciones como objetos de protección, como víctimas o como potenciales delincuentes, con lo cual se afecta, entre otros, a su derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal.
