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* Las demandas por incumplimiento oscilarían entre el 5 y 10 por ciento del total del proyecto.
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 19 de octubre de 2017.- Los tres proyectos ya contratados bajo la regulación de Asociación Público Privadas (APP) están en riesgo porque ha pasado más de un año de los concursos de licitación y la fluctuación del dólar podría incrementar los presupuestos iniciales, advirtió el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales.
Incluso, una eventual cancelación de los contratos ya firmados significaría demandas por incumplimiento de entre el 5 y el 10 por ciento de la inversión total, detalló el funcionario previo a su comparecencia de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Aseguró que si por el incremento de los intereses bancarios o por la fluctuación de dólar al alza los presupuestos iniciales suben el 20 por ciento, tendrían que ser reaprobados por los diputados del Congreso del Estado.
“Hay muchas inquietudes porque muchas de las empresas son empresas grandes que están en la Bolsa de Valores y a veces esa información aparece en Nueva York, en Los Ángeles; nos preocupa mucho la inestabilidad política de las cosas, eso es importante, ocupamos darle certidumbre a los inversionistas y que sepan que Baja California es un buen estado en cuanto a inversión, en cuanto al respeto del derecho, si ganaron un concurso hay que respetar”, expresó el funcionario público.
Según el secretario tres proyectos de APP fueron licitados y contratados antes de que la federación creará la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios.
Se trata de las plantas desalinizadoras de Playas de Rosarito y de San Quintín, con un plazo para terminar de pagar de 37 y 30 años respectivamente, además de la construcción de drenajes pluviales en Mexicali, con un plazo para pagar de 15 años.
Estos tres proyectos APP son los estipulados en el Dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuya autorización con las modificaciones nuevas de la Ley de Disciplina Financiera está detenida en el Congreso del Estado.
De este primer paquete de obras “ya están firmados los contratos”, aseguró Guevara Morales, y “lo que pasa es que a la hora de ver los tiempos, unas se concursaron antes de la Ley Federal de Disciplina Fiscal y otras no, ese es el problema, el problema es que nosotros hicimos una ley estatal (2014) y empezamos a construir sin ley federal”, abundó el responsable de SIDUE.
De esas tres ya contratadas, la aprobación que hizo el Congreso con el Decreto 57 el 20 de diciembre de 2016, establece que por la desalinizadora de San Quintín se debería de empezar a pagar en enero de 2018 a la empresa Desaladora Kenton S.A de C.V., por lo que es este proyecto el más próximo a vencer el plazo para una eventual demanda.
Guevara Morales, refirió que “ha pasado un año de los concursos y el dólar está variable, los intereses también, pudiera ser que alguno de los nueve APP´s que se han procesado, algunos de esos nueve tuvieran problemas económicos, tendríamos que cancelarlos o suspenderlos para mejores tiempos”.
– ¿Eso podría ser motivo de demanda de las empresas?, se cuestionó al secretario.
“Pudiera ser, pero a las compañías no les interesa demandar, a las compañías les interesa seguir adelante porque son contratos multianuales, o sea, una demanda significaría entre un 5 y 10 por ciento del costo, pero tener el contrato por 30 años es mucho mejor”, respondió el funcionario.
Agregó que tres de las obras de APP establecidas en el Dictamen 57 no requieren garantía alguna, incluso ya están a punto de inaugurarse.
Se trata de los edificios de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ambos construidos en Tijuana, tampoco necesita garantía la Planta Potabilizadora de Tecate, según dijo el secretario.
Los otros tres proyectos de APP que sí requerían aprobación del Congreso del Estado son el Periférico Doble Piso en Playas de Tijuana, la rehabilitación de carreteras en el Valle de Mexicali y la modernización de las redes de agua potable en Ensenada.
Lo establecido en el dictamen 95 obedece a que “ahora solamente estamos cumpliendo un requisito de Hacienda para que se registren a nivel nacional, en un registro único de APP´s, es solamente eso”, aseveró el funcionario.
De todas estas nueve obras de APP “peligran muchas, porque puede ser que la inflación, si ahorita el dólar brincara a 30 pesos yo sería el primero en decir que habría que estudiarlo”, reconoció Guevara Morales, por lo que es necesario por la vía del Congreso “darle tranquilidad a los empresarios que ganaron concursos, que contratamos y que todo va para adelante”, aseveró.
