Atenta contra la transparencia y rendición de cuentas, la no obligatoriedad de exhortos

Agregó que, lo anterior, también afecta la eficiencia de las determinaciones legislativas, así como la investidura que tienen como ente soberano; dijo que incluso el hecho de no existir sanciones para los servidores públicos que no dan respuesta formal a los exhortos en un plazo que no exceda 30 días naturales, vuelve ineficaz a esa supuesta obligación.

Insistió en la necesidad de fortalecer la figura de los exhortos, como una medida que ayude en el combate a la corrupción. “De hecho, no se debe olvidar que para garantizar el cumplimiento de las determinaciones y políticas que se tomen en esta materia, este Congreso del Estado tuvo a bien otorgar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la facultad de emitir recomendaciones vinculantes, es decir, recomendaciones de carácter obligatorias”, subrayó el legislador priísta.

Afirmó que cada iniciativa de reforma o acuerdo aprobado por el Poder Legislativo de Baja California, así como todas las decisiones que se toman en este Poder, tienen como origen una legítima demanda social.

“En este tenor, los exhortos dirigidos a las diversas autoridades del Estado reflejan no sólo la necesidad de satisfacer una exigencia social, sino también el resultado de la pluralidad democrática que vive nuestra entidad, y que hace de este Poder Legislativo un órgano incluyente y de consensos”, indicó el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la XXII Legislatura local.

No obstante lo arriba mencionado, el diputado Marco Antonio Corona expresó que comúnmente las autoridades exhortadas no atienden esa clase de acuerdos, aún y cuando en algunos casos se originan por situaciones calificadas como de urgente y obvia resolución.

“Lo anterior, nos obliga a perfeccionar los mecanismos existentes para conocer con certeza el actuar de cada una de las autoridades, así como la eficiencia con que manejan los recursos públicos. Bajo esta justa perspectiva social, el seguimiento y la evaluación de toda función pública, simplemente debe ser una medida aceptada e implementada de manera natural por cualquier autoridad, es decir, sin resistencia o rechazo alguno”, concluyó.