* Propone un marco normativo que brinde certeza jurídica a todos los ciudadanos e instituciones
Por: Congreso del Estado
Mexicali, B.C. a viernes 1 de septiembre de 2017.- Dotar al ejecutivo de un marco normativo adecuado para el ejercicio de sus legales atribuciones, así como de dotar de certeza jurídica a todos los ciudadanos e instituciones, es el propósito de la iniciativa para crear a Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Baja California, presentada por el diputado Luis Moreno Hernández, a nombre propio y del diputado Job Montoya Gaxiola.
El diputado del grupo parlamentario del PES durante su exposición de motivos detalló que la propuesta tiene como base la protección de los ciudadanos de esta entidad, así como la de los elementos que conforman las instituciones de Seguridad Pública y en, casos específicos, velar por la seguridad, la vida y la salud de personas inculpadas por la comisión de un delito.
Moreno Hernández argumentó que la proposición, tiene como objetivo preservar la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y demás bienes jurídicos. Agregó, que el gobierno tiene por obligación, en el ámbito de su competencia; promover, tutelar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad.
Por lo cual –añadió- el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus garantías, en los términos que establezca la ley.
Precisó que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, misma que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Por lo anterior dijo, queda de manifiesto que en la entidad, es facultad y obligación del Gobernador del Estado velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, así como, garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.