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* Ayuntamiento de Tijuana solicitó juicio político en el Congreso del Estado
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 26 de julio de 2017.- En representación del alcalde de Tijuana, el secretario del Ayuntamiento Raúl Felipe Luévano Ruiz presentó ante el Congreso del Estado solicitud de juicio político contra la magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo, Flora Arguilés Robert.
En compañía del consejero jurídico, Leobardo Martínez Delgado, los funcionarios del municipio tijuanense entregaron la solicitud este miércoles 26 de julio en la oficialía de parte del Poder Legislativo de Baja California.
Minutos después, ratificaron la demanda ante el diputado presidente Job Montoya Gaxiola, quien firmó de recibido el documento.
El secretario del Ayuntamiento de Tijuana, explicó que el juicio político y por ende destitución de la magistrada, es porque “se ha conducido lamentablemente en favor de un grupo minoritario que han afectado los intereses de los usuarios del transporte, que ha afectado con esta decisión no tomando en cuenta el derecho que nos asiste y la razón, al haber tomado la decisión (el Ayuntamiento) de la cancelación de unos sitios que no son un derecho para los taxistas”.
Luévano Ruiz, detalló que la suspensión provisional otorgada por la magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, “hace un desnudo a la moral con que debe de actuar, ha prevalecido la inclinación hacia el grupo de taxistas amarillas, y se convierte en cómplice de un grupo que ha actuado en agravio de los ciudadanos”.
El funcionario dijo que los taxis amarillos no continúan en el sitio aledaño al cruce internacional a San Isidro, porque el Ayuntamiento tiene el derecho de decisión sobre las calles.
Por esta situación, la magistrada Arguilés Robert ha sancionado en dos ocasiones a los funcionarios del Ayuntamiento, sin esperar que éstos puedan contestar oficialmente las imputaciones, refirió Luévano Ruiz.
Los taxistas amarillos han actuado de manera violenta y agresiva contra ciudadanos y usuarios del transporte pública, por eso el Ayuntamiento ejerció su derecho para cancelar los sitios, pues los taxistas no son propietarios de esas calles, aseveró el secretario.
Mencionó que la magistrada demandada aceptó documentos presentados por los taxistas que no están vigentes, por lo que es otra de las irregularidades, además de que se evidenció “no conducirse apegada a derecho, no conducirse dentro del marco legal, porque si bien cierto que el Ayuntamiento canceló los sitios que son propiedad del ayuntamiento, ella debió escuchar al ayuntamiento y no recibir documentos que no son prueba porque son documentos vencidos del 2015, no estaban vigentes”.
