* Se presenta ante la contraloría municipal.
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- El Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por conducto del presidente en Mexicali, Franscisco Fiorentini Cañedo, interpuso una denuncia contra las basificaciones ilegales que ha otorgado el actual Ayuntamiento.
Acompañado del ex presidente de la cámara, Ignacio Avilés Bustillos, y del secretario José Manuel Salcedo Sañudo, el líder empresarial interpuso la denuncia contra quien resulte responsable, al otorgar las bases sindicales violentando la Constitución federal y la del estado, además de la Ley del Servicio Civil y la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
“Deseo iniciar una investigación por parte de la sindicatura a su cargo, en contra de los funcionarios municipales que resulten responsables por el otorgamiento de bases a empleados municipales de manera ilegal durante el XXI Ayuntamiento”, dijo el empresario a la directora de Contraloría Municipal, Victoria Guerrero.
Fiorentini Cañedo, explicó que la denuncia la hicieron en base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que permite a la ciudadanía inconformarse por la vía legal.
“Básicamente lo que presumimos es que el otorgar estas bases no cumplieron con por lo menos dos preceptos fundamentales, el primero es que no estaban presupuestadas, al no estar presupuestadas no tiene el funcionario público facultad de otorgar una base puesto que no había la fuente de pago para el basificado, primera.
“Segunda, la Ley de Servicio Civil de nuestro estado reformada en 2014, lo que nos ordena es que tendrán que haber vía una comisión y un procedimiento plenamente establecido para que en caso de que exista una vacante, se concurse y se cumpla con condiciones muy particulares que marca la ley, para poder aspirar a la misma”, destacó el presidente de Coparmex.
Dijo que si la investigación concluye que las más de 200 bases fueron otorgadas en incumplimiento a los cuatro preceptos antes citados, las basificaciones deberán ser canceladas.
Vaticinó que si se tratan de 200 bases, cuando menos el ahorro para el erario sería de 80 millones de pesos anuales.
Heredar las plazas a familiares de algún fallecido, no está establecido en ninguna ley ni reglamento, aseguró el dirigente empresarial.