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Industriales combaten legalmente “arbitrarios” cobros de agua en Baja California

Foto: Luis Arellano

*     Hay usurpación de funciones, aseguran

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – 17 de enero de 2021.- Por lo menos 100 agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Baja California, interpusieron un recurso legal contra el cobro que “arbitrariamente” está realizando el gobierno del estado por derechos de conexión del agua, indicó el presidente de la cámara en Mexicali, Alberto Sánchez Torres.

Flanqueado y secundado por su líder nacional, Enoch Castellanos Férez, el representante de los industriales en Mexicali, dijo que de la capital del estado son aproximadamente 40 las empresas que recurrieron al amparo.

“Esto llevará a que tarde o temprano esos litigios concluyan, y se puede generar un quebranto al gobierno de Baja California, como nosotros esperamos que estos litigios, dado que consideramos, desde nuestro punto de vista, se han llevado de manera arbitraria”, aseveró el presidente nacional de CANACINTRA.

El industrial condenó la expulsión de su cámara, en el Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), porque atenta contra los empresarios y la transparencia de las acciones de gobierno.

Por su parte, el presidente local Sánchez Torres, mencionó que los agremiados no han dejado de pagar el consumo de agua, sino que el concepto es derechos de conexión, que según el gobierno estatal no se cumplió con ese pago.

Sin embargo, las formas de la exigencia del pago en 48 horas, es en lo que cámara estuvo y sigue estando en contra, resaltó el empresario mexicalense.

Primero la embestida del gobierno fue contra las grandes industrias, después contra empresas medianas, hoteles, centros comerciales, hasta llegar a los pequeños comercios, dijo el presidente local.

“Quiero ser claro, nosotros nunca hemos estado en contra de efectuar esos pagos, las empresas, muchas de ellas se han ido por la vía legal, ya que encuentran malos procedimientos, hay usurpación de funciones, hay cálculos mal realizados, y entonces por la misma exigencia que existe de pago en tan corto periodo, muchos deciden irse por la vía legal para defender sus intereses, o sus derechos”, aseveró Sánchez Torres.

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