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* Acuerdan agenda colaborativa para cumplimiento de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo 1597/2018
Por: CEDHBC
Tijuana, a 6 de julio de 2020.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), representada por el ombudsperson Miguel Mora, se reunió con Elizabeth Lara, encargada del despacho de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, y con Graciela Zamudio, directora ejecutiva de la asociación Alma Migrante, con la finalidad de poner en marcha estrategias centradas en la defensa de los derechos de personas en contexto de movilidad humana en la entidad.
El presidente de la CEDHBC informó que, como resultado de la reunión realizada de forma digital, los organismos defensores de derechos humanos coincidieron con Alma Migrante en establecer formas de colaboración para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo 1597/2018, el cual se sustancia ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, del Poder Judicial de la Federación.
El ombudsperson precisó que el amparo 1597/2018 fue promovido por Alma Migrante en 2018 y entre las resoluciones dictadas se incluye: que las autoridades locales se abstengan de realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes; se proporcione a la ciudadanía, a las personas migrantes y a los servidores públicos información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio; y se giren instrucciones para que los jueces municipales dejen de extralimitarse en sus funciones, esto es, de remitir a las personas migrantes al Instituto Nacional de Migración (INM). Aunado a ello, se subrayó la importancia de que personal del INM se cerciore que las personas migrantes a su disposición tienen acceso a la asistencia.
Con base a lo anterior, la CEDHBC, la CNDH y Alma Migrante acordaron trabajar en acciones de capacitación para los servidores públicos del municipio de Tijuana en los temas a que se refieren las resoluciones, así como en la realización de una propuesta para la construcción de un protocolo para documentar y generar responsabilidad e investigaciones en torno al abuso policial.
