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* Estado giró orden de restricción a la comitiva de choferes con las que sostuvieron pláticas
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- 29 de junio de 2020.- Conductores de plataformas digitales realizaron una manifestación en el Centro Cívico de Mexicali, con la intención de anunciar e iniciar la recopilación de firmas para solicitar un referéndum que dé marcha atrás a la reforma penal que los criminaliza.
Los choferes de plataformas Didi, Rappi o Uber, salieron de tres puntos de la ciudad para converger sobre la avenida de Los Héroes, donde estacionaron más de cien carros en medio de la calle sin obstruir el tráfico.
Para solicitar y realizar un referéndum, es necesario juntar 50 mil firmas, por lo que ya se están recopilando en todos los municipios del estado, detalló uno de los choferes.
Los socios conductores aseguran que ellos no se niegan a regularizarse ni a pagar impuestos, pero al artículo 250 del Código Penal ya está en vigencia, y todavía el Instituto de Movilidad no define cómo ni dónde poder registrarse, explicó uno de los afectados, Juan Carlos Solís.
El artículo 250 penaliza de 6 meses a 2 años de prisión a quien preste un servicio de transporte de objetos o personas sin tener el registro estatal. También establece multa superior de hasta 380 UMAS.
Entre impuestos federales y el estatal, la comisión que pagan a la plataforma, la gasolina y la renta del carro para quien no sea el propietario, los choferes se quedan sólo con la mitad y esa es su ganancia, dijo el entrevistado.
Además, para que el conductor pueda registrarse, primero las plataformas deben hacer lo propio, explicó.
Este lunes, en Tijuana y Ensenada hubo manifestaciones en las oficinas de Recaudación de Rentas, sin impedir el ingreso a los usuarios de ese servicio.
El pasado miércoles en Mexicali, los socios conductores tomaron y encadenaron las instalaciones de Recaudación de Rentas; un día después los inconformes sostuvieron una reunión con el Gobierno, pero no llegaron a acuerdos.
Una hora después de esa reunión, con el uso de la fuerza pública los conductores fueron desalojados violentamente, y ese mismo jueves a las 2:45 de la tarde reiniciaron las actividades en las oficinas.
Juan Carlos Solís destacó que los conductores desconfían de la forma como hace política el gobernador Jaime Bonilla Valdez, pues a él y a las cinco personas que sostuvieron la reunión en la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Estado (FGE) les giró una orden de restricción para que no se acerquen a las oficinas de Recaudación de Rentas.
Incluso, los conductores también presentaron demanda penal por el delito de lesiones, contra los policías que usando las fuerza los desalojaron el jueves pasado.
