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* Se detectó que abrieron dos cuentas de banco, una oficial y otra personal, donde captaron fondos públicos utilizándolos presuntamente para fines personales.
Por: Gobierno del Estado
TIJUANA, B.C., 16 de marzo de 2020.- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia en contra de autoridades del DIF y en especial contra la señora Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, por probables malos manejos en la contabilidad del centro CRIT y de las Villas del CRIT.
El Secretario General de Gobierno dijo que la instrucción del Gobernador Jaime Bonilla Valdez es clara, y no se pasará por alto ningún posible acto de corrupción de la administración estatal pasada.
“Aquí no hay vacas sagradas y caiga quien caiga, la investigación determinará la responsabilidad en este asunto, la instrucción que Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla es llegar hasta el fondo, no vamos a permitir que los actos de corrupción del sexenio pasado se queden sin castigar”, dijo Rodríguez Lozano.
Rodríguez Lozano dijo que la denuncia fue interpuesta por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas, promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos y los que resulten.
“Creemos que hay una actividad ilegal, porque donde se iba a construir una estancia infantil denominada Villas del CRIT, se iban a hospedar a aquellas personas que traían sus hijos dicho centro, y se utilizó una fundación llamada Cree En Tus Sueños, y aparece como titular la señora Ruacho de Vega siendo que la ley le prohibía ser directora del DIF y presidenta de esta fundación”.
En la denuncia oficial se detalla que se detectó que la asociación civil Cree En Tus Sueños A.C. captó donaciones que nunca entregó a DIF Estatal reteniéndolas en forma ilegal, ya que abrieron dos cuentas de banco, una personal y una oficial donde captaron donaciones destinadas al bienestar social, a la construcción y operación de la Estancia Familiar; utilizando además, recursos del erario público para la celebración de distintos eventos así como sus cargos en el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, engañando a la sociedad civil además de los sectores público y privado, obteniendo lucros indebidos en perjuicio de los niños y familias que por su situación tendrían que atenderse en el CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) Tijuana.
El funcionario estatal explicó que hay una cuenta con un fondo superior a los 7 millones de pesos, la cuenta sigue activa, en un banco de la localidad y se han efectuado distintos gastos en esta cuenta que no tienen nada que ver a la CRIT, monto que se tiene indicio e información de que probablemente captaron por concepto de donativos para la construcción de la Estancia Familiar y que es posible que hayan desviado para fines personales en franco fraude a la ley, ya que el recurso nunca se entregó a DIF estatal para la finalidad a que estaba destinada.
Por otro lado, en la denuncia también se manifiestan irregularidades que tienen que ver con la asignación, por parte del Gobierno del Estado, del inmueble donde se construiría la Estanca Familiar en Tijuana B.C., ya que en el año 2019, Luis Armando Carrazco Moreno, subsecretario de administración en representación del Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California desasigna el referido inmueble al DIF Baja California y un día después asignó de nueva cuenta el inmueble para su construcción, operación y administración a la asociación civil “YO AYUDO ¿Y TU?”, misma donde estuvieron involucrados personal en activo, en ese entonces, de DIF Estatal.
Rodríguez Lozano dijo que es importante señalar que a la fecha la estancia familiar se encuentra sin operar y aún en construcción, afectando en forma grave a las familias del Estado, siendo que en forma urgente se solicitarán los informes respectivos a las diferentes dependencias, incluido el DIF estatal, a fin de esclarecer si existe este grave delito en contra de la sociedad bajacaliforniana.
