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De los pleitos legales a la coordinación obligada

COLUMNA: SIN NOMBRE

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Cuando hace nueve años inició el sistema de justicia acusatorio oral y adversarial en Mexicali, el abogado penalista Pedro Ariel Mendívil García fue crítico al señalar las deficiencias operativas del entonces nuevo sistema.

La crítica al sistema se tornó en una demanda penal contra María Elena Andrade Ramírez, a la sazón subprocuradora de justicia zona Mexicali y actual titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

El nuevo sistema de justicia fue calificado como “una puerta giratoria” por la facilidad con que los delincuentes detenidos eran puestos en libertad, generando la molestia de las víctimas y ofendidos; también los señalamientos de los abogados penalistas ajenos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Como subprocuradora zona Mexicali, Andrade Ramírez, en un programa de televisión llamó ineptos a los abogados Mendívil García y su colega Herman López Frank.

Por esa razón, los entonces presidente y el ex presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, presentaron denuncia penal contra la subprocuradora de justicia por los delitos de difamación y calumnia.

La intención era exhibir ante un juez oral a una de las funcionarias que implementó y defendía a carta cabal el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), era pues una “cachetada con guante blanco”.

Además, había un ingrediente histórico en la justicia de Baja California, los mismos abogados recurrieron por primera vez a la demanda mediante la Acción Penal Privada, recurso que la legislación bajacaliforniana permitía solamente en los delitos de difamación y calumnia.

La Acción Penal Privada es la posibilidad de presentar una demanda directamente al Poder Judicial, sin la necesidad de recurrir primero al agente del ministerio público. En ese entonces los delitos de difamación y calumnia estaban tipificados en el Código Penal de Baja California, pero después fueron derogados e incluidos en el Código Civil para eliminar el castigo de prisión corporal.

El pleito legal entre abogados y la ex subprocuradora continuó cuando Andrade Ramírez fue invitada a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que como procurador de justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, fue el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia, primero en Mexicali, y después en el resto de los municipios, era el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán.

Cuando terminó el sexenio, Moreno Manjarrez, fue invitado para hacerse cargo de la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, y se llevó al equipo de trabajo que lo había apoyado en Baja California, entre ellos a Andrade Ramírez y quien fue Director de Averiguaciones Previas, Juan Carlos Buenrostro Molina.

Pero los abogados Mendívil García y López Frank siguieron la demanda contra Andrade Ramírez, pues alegaron daño moral al manchar su reputación como profesionales del derecho.

El juez oral citó en cinco ocasiones a Andrade Ramírez, nunca se presentó, aunque fue apercibida, multada y ante la negativa de comparecer frente el juez vinculada a proceso, según relataron los demandantes en febrero del 2015.

La demanda quedó sin efecto y fue archivada al desaparecer penalmente el hecho imputado, o simplemente los quejosos desistieron del juicio promovido por Acción Penal Privada.

El caso es que desde el primero de octubre, Andrade Ramírez es directora de la policía en Mexicali, y con el nuevo gobierno estatal, Mendívil García es Fiscal Regional de Mexicali (FRM), cargo equivalente a la anterior subprocuraduría zona Mexicali.

Los funcionarios todavía no han coincidido en un acto público, foto juntos no se han tomado.

Recientemente hubo una reunión con ciudadanos donde conjuntamente estuvieron ambas dependencias, asistió Mendívil García por la FRM, y el comandante de la policía municipal, Ansel Aispuro Sandoval, mismo funcionario que años atrás fuera comandante de la policía ministerial en Mexicali, cuando fue subprocuradora su actual jefa.

De su equipo de trabajo en la procuraduría, la directora también llamó para ocupar la subdirección a otro de sus ex colaboradores, Buenrostro Molina.

La coordinación es obligada entre la municipal y la fiscalía, en el primer mes de gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, los delitos repuntaron pues hubo 2 mil 758 en octubre, mientras que un mes antes fueron 2 mil 583.

Los robos también subieron de un mes a otro, con 968 en octubre contra 866 septiembre; específicamente los robos con violencia se dispararon de 222 en septiembre a 313 en octubre, que ha sido el mes de 2019 con más delitos de esta naturaleza.

Los robos a comercio subieron de 84 a 151; los homicidios de 6 a 16. Son las cifras oficiales del Gobierno del Estado.

La autoridad municipal está por cumplir su segundo mes de gestión, el estado apenas el primer mes.

Los policías municipales y la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), para dar resultados están obligados no sólo a la rectitud, también en la coordinación operativa y procesal.

Todavía más obligados están las cabezas de ambas corporaciones en Mexicali.

 

 

29 de noviembre de 2019

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