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* Serán otorgadas con licitación pública para no perder el recurso o ser sancionados por fiscalización
Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI.- 28 de noviembre de 2019.- La administración municipal pasada rebasó el porcentaje permitido para otorgar contratos de obra pública sin obligación de licitarlas, situación que debe ser corregido para que el Ayuntamiento no sean sancionado por la Auditoría Superior de la Federación, informó la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La fiscalización de los recursos públicos no diferencia si hubo irregularidades en una u otra administración, por lo que procedimos a cancelar 31 obras que serán debidamente licitadas, expuso la presidenta de Mexicali.
La ley señala que las adjudicaciones directas o invitaciones para obra pública, no debe superar el 35 por ciento de las realizadas en un ejercicio fiscal, pero el gobierno que encabezó Gustavo Sánchez Vázquez, entregó el 53 por ciento en esa modalidad de contrato, refirió la edil Mexicalense.
El colmo fue que una de las obras fue licitada ya estando construida, recriminó la alcaldesa.
En el trabajo analizado en la entrega-recepción, se percataron que 31 obras estaban en proceso de construcción, 13 con recursos federales por 15.5 millones de pesos, y 18 contratadas con recursos municipales con un total de 18.2 millones de pesos, explicó la directora de Obras Públicas, Georgina Wilhelmy Woolfolk.
La funcionaria detalló que los 13 contratos otorgados para realizar con recurso federal, fueron cancelados y serán licitados de acuerdo a la ley, obras que deben ser asignadas antes del 31 de diciembre para no perder ese recurso de la federación, incluso, no tener que regresarlo.
De los 18 contratos a realizar con recurso propio, 14 serán cancelados con la intención de salvar ese recurso y poderlo aplicar en el 2020.
Las obras en cuestión son mayoritariamente en pavimentación, seguido de alumbrado público y comedores escolares.
Entre las irregularidades, está la ausencia de permisos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), falta de licencias de construcción y ambientales, contratos no firmados o fianzas de garantía de obra no entregadas.
