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Aprueba tres dictámenes la Comisión de Seguridad Pública

*     Se busca crear un mecanismo de ayuda social para los elementos policiacos; aprueban propuesta para que las autoridades convoquen a ingresar a los cuerpos policíacos, en base a su capacidad financiera

Por: Congreso del Estado

Mexicali, B. C. 15 de agosto de 2018.- Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil (CSPPC) de la XXII Legislatura, que preside el diputado Job Montoya Gaxiola, aprobaron de manera unánime tres dictámenes relacionados con esta materia.

La sesión de trabajo tuvo verificativo este día bajo la conducción del diputado Montoya Gaxiola y la secretaria de la mencionada Comisión, diputada Victoria Bentley Duarte, además de contar con la presencia del diputado Bernardo Padilla Muñoz.

Al poner en marcha los trabajos, el diputado Job Montoya destacó que los temas a abordar reflejan la preocupación y, sobre todo, el esfuerzo que se hace desde el Congreso del Estado por contribuir a lograr el propósito general de los bajacalifornianos por mejorar la seguridad pública en la Entidad.

Con el dictamen número 9 se aprobó la iniciativa del diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, cuya finalidad es reformar al artículo 131 bis de la Ley de Seguridad Pública local para crear un mecanismo de ayuda de seguridad social para los miembros de las corporaciones policíacas estatales y municipales.

El inicialista propuso agregar un artículo que prevea que las autoridades busquen una coparticipación de recursos con la federación, con el fin de fortalecer el derecho a seguridad social de los miembros de las distintas corporaciones, así como de sus familiares y dependientes económicos.

Por otra parte, se aprobó el dictamen número 8 referente a una iniciativa planteada por el diputado Juan Eugenio Carpio Ascencio, quien ocupo temporalmente la curul del diputado Alejandro Arregui Ibarra, con el fin de reformar la fracción XII del artículo 36 de la citada ley, con el propósito de que las convocatorias para ingresar a los cuerpos policíacos estatales y municipales, se haga con base en la capacidad financiera de la respectiva autoridad y así, los candidatos no deban ser excluidos por falta de recursos económicos para su contratación.

Finalmente se aprobó una iniciativa del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para reformar los artículos 66 y 67 de la misma ley. El promovente busca modificar que en la figura denominada “Padrón de Arrendamientos”, que tiene por objeto crear una base de datos que apoyen a diversas autoridades en materia de investigación tendiente a la procuración de justicia, se sustituya el concepto “los particulares”, por la frase “el arrendador y el Arrendatario en forma conjunta o indistintamente” para referirse a la obligación de proporcionar información respectiva.

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