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* Se contará con tecnología de punta para combatir la delincuencia; la XXII Legislatura, responde a las exigencias ciudadanas en materia de seguridad; para favorecer la transparencia se volverá a licitar la obra al mejor postor
Por: Congreso del Estado
El dictamen, leído en tribuna por la presidenta de la CHP, Iraís Vásquez Aguiar, fue aprobado con 18 votos a favor, seis en contra y una abstención, durante la sesión ordinaria de este jueves, que presidió el diputado Benjamín Gómez Macías.
En contra del dictamen votaron los diputados Catalino Zavala Márquez y Víctor Morán Hernández (Morena), Luis Moreno Hernández, Bernardo Padilla Muñoz (PRI), Miguel Osuna Millán (PAN) y Jorge Núñez Lozano (PBC), en tanto que el diputado Job Montoya Gaxiola (MC) votó en abstención.
El objeto de la iniciativa aprobada consiste en implementar un Sistema Integral de Seguridad Pública para Baja California, denominado C5i que a través de tecnología compuesta por un servicio de Video Vigilancia Urbana, Sistema de Video Análisis e Inteligencia, Arcos de reconocimiento de placas, Administración de Video, Sistema de Transporte de Datos, Botones de Alarma Vecinal, Construcción y Equipamiento del C4 en Mexicali, Capacitación, Mantenimiento preventivo y actualización tecnológica.
El proyecto propone fortalecer la infraestructura destinada a la seguridad pública, con las herramientas y adelantos de tecnología aplicada y desarrollo de inteligencia de clase mundial, con la implementación de cámaras de video vigilancia urbana con la instalación de 400 cámaras, de las cuales 300 serán fijas, 100 botones de emergencia, 10 arcos de reconocimiento de placas, 300 botones de enlace ciudadano y 75 km de fibra óptica.
En los considerandos de aseguró que esto permitirá contrarrestar los índices de incidencia delictiva en Baja California, como lo demanda la ciudadanía.
El contrato para este servicio tendrá una duración de 10 años con prestación anual autorizada hasta por 69 millones de pesos.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Iraís Vázquez, indicó que este tipo de contratos deberán de ir acompañados por un comité de contraloría social integrado por cámaras empresariales, colegios, académicos y ciudadanía en general, garantizando en todo momento transparencia y brindando tranquilidad a la ciudadanía en proyectos que cuenten con inversión pública.
El dictamen fue aprobado con cuatro reservas, en las que se estableció la participación de los directores de seguridad de los cinco municipios en el análisis de las ofertas de licitación, condicionar la aceptación a que se cumplan los protocolos de seguridad en este ramo, de la federación y buscar el acceder a fondos federales para cubrir el pago de la obra.
