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Aprueba Congreso de BC leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción

*        Los 8 partidos políticos que integran la XXII Legislatura local las avalaron por unanimidad, se cumple con el plazo establecido para su aprobación, por el Sistema Nacional Anticorrupción

Por: Congreso del Estado

Mexicali, B. C., martes 18 de julio de 2017.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad en lo general los dictámenes 20, 21 y 22 provenientes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, los cuales contienen la expedición de tres leyes secundarias que dan sustento al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y que son: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (LSEA), Ley de Responsabilidades Administrativas (LRA) y Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (LTEJA), todas del Estado.

Correspondió a los diputados Andrés de la Rosa Anaya y Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presidente y secretario de la Comisión de Gobernación respectivamente, leer en tribuna el dictamen 20 por el que se crea la LSEA, misma que está conformada por 59 artículos y 3 transitorios, y que tiene como objetivo establecer las bases de coordinación entre los poderes del Estado, municipios, órganos constitucionalmente autónomos, instituciones y los entes públicos para el funcionamiento e integración del SEA, con el fin de prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Mediante la LSEA se promueve una participación mayor de ciudadanos en comparación con la establecida en el sistema federal ya que, por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana estatal contará con 15 integrantes de la ciudadanía; además, las resoluciones del Comité Coordinador Estatal serán vinculantes para las autoridades, y no meras recomendaciones que pueden acatar o no, como está dispuesto en la legislación nacional.

Los legisladores Victoria Bentley Duarte, Luis Moreno Hernández, Mónica Hernández Álvarez y Raúl Castañeda Pomposo dieron lectura al dictamen 21 por el que se crea la LRA, la cual tiene el propósito de distribuir competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Por otro lado, en la LRA se definen las autoridades competentes para aplicar esta ley: la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, los órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado y las sindicaturas municipales, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas, incluyendo las unidades de responsabilidades de aquellas que deriven de una ley estatal que apliquen, administren, reciban, manejen o ejecuten fondos públicos.

La Ley de Responsabilidades Administrativas está conformada por 229 artículos y 10 transitorios, donde en el primero de estos últimos se determina que esta ley entrará en vigor el primero de enero del año 2018.

Le tocó a los diputados Marco Antonio Corona, Bernardo Padilla Muñoz y Andrés de la Rosa leer el dictamen 22 por el cual se crea la  LTEJA, que contará con 99 artículos y 10 transitorios, y donde se establece que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será un órgano constitucional autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal.

Dicho tribunal estará a cargo de dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal, los municipios, entidades paraestatales, paramunicipales y los particulares; asimismo, conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves.

En la LTEJA se especifica, además, que el tribunal contará con una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, la cual contará con un magistrado que resolverá sobre estos temas. En los transitorios se inscribe que tanto dicho magistrado como el titular del órgano de control interno del tribunal, deberán nombrarse en un plazo no mayor a 90 días; asimismo, que la ley entrará en vigor hasta enero de 2018.

El Pleno avaló también, por unanimidad, el dictamen 23 de la referida Comisión que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que permitirán su incorporación al SEA. Mediante las modificaciones se eleva a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental a rango de una secretaría, fortalece su competencia actual y reincorpora las nuevas atribuciones que se desprenden de lo que será el SEA y el Sistema Estatal de Fiscalización, ya que esta dependencia deberá contar con la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción. El mismo fue leído en tribuna por el diputado Ignacio García Dworak.

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