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Por: Luis Arellano Sarmiento
MEXICALI. – 22 de junio de 2017.- Con una reserva particular para definir la duración de los titulares de la fiscalía y órganos de fiscalización autónomos, los 25 diputados de Congreso del Estado aprobaron la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
El dictamen 16 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, deberá ser remitido a los cinco ayuntamientos de Baja California, cuyos cabildos deberán pronunciarse al respecto.
En la sesión extraordinaria para que el pleno de la XII Legislatura aprobara las reformas constitucionales, entre el público estuvieron los empresarios y académicos que presentaron una de las cuatro iniciativas que los diputados analizaron.
El diputado panista Andrés De la Rosa Anaya, como presidente de la comisión dictaminadora dijo que las reformas aprobadas localmente, a diferencia de la ley federal incluye mayoritariamente la participación de la ciudadanía.
Como ejemplo, el legislador explicó que se crea un Comité Coordinador integrado por once servidores públicos, y once ciudadanos incluyendo el presidente que tendrá voto de calidad en caso de empate.
Dicho comité coordinador tendrá atribuciones para emitir recomendaciones y sanciones a todas las autoridades que no acaten sus mandatos, “cosa que no viene en la reforma federal”, detalló el diputado mexicalense.
Además, se crea el Comité de Participación Ciudadana con 15 integrantes de la sociedad civil, muy por encima de los cinco miembros no funcionarios que establece la ley federal en la materia, aseveró De la Rosa Anaya.
Indicó que se cambia el nombre y otorgan más facultades a la Auditoria Superior del Estado, además de que el Tribunal de lo Contencioso desaparece para dar paso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con un magistrado anticorrupción que atenderá exclusivamente las denuncias contra funcionarios.
Asimismo, en la reforma aprobada por los 25 diputados locales, estipularon la obligatoriedad de presentar la declaración tres de tres, que son el comprobante de pago de impuestos, hacer públicos los bienes patrimoniales y posible conflicto de interés en giros empresariales de los funcionarios públicos.
Al razonar la postura, los representantes del Partido Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, se manifestaron por consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para constatar que las reformas aprobadas no caigan en acciones de inconstitucionalidad, como lo han venido diciendo colegios de abogados.
Será a propuesta del Comité Coordinador, que los diputados designen al Fiscal Estatal Anticorrupción, aclaró De la Rosa Anaya.
